La representante del Defensor del Pueblo en Potosí, Jaqueline Alarcón, anunció hoy que la institución iniciará acciones legales contra los responsables de haber dejado sin agua a la comunidad de Río Grande durante varios días. La autoridad enfatizó que el acceso al agua es un derecho fundamental y que su privación constituye un atentado contra la vida y la dignidad humana.
“El agua es un derecho fundamental, es vida y no puede ser prohibida a nadie. Estamos realizando las investigaciones necesarias para proceder a iniciar una acción legal en contra del autor o autores de este hecho”, declaró Alarcón durante una conferencia de prensa.
La representante lamentó profundamente que los pobladores de Río Grande hayan sufrido la falta de agua potable por varios días, situación que se agravó con el corte de energía eléctrica en la zona. “Es inaceptable que una comunidad entera se vea privada de servicios básicos. Estamos determinados a identificar al responsable o a quien haya dado la orden, así como a conocer las causas que llevaron a esta situación”, agregó.
El Defensor del Pueblo abrirá un caso formal para investigar los hechos y exigirá una sanción ejemplarizadora contra quienes resulten responsables. La institución subrayó que la privación de servicios esenciales, como el agua y la electricidad, es un acto atentatorio contra los derechos de la ciudadanía y está penado por la ley.
La comunidad de Río Grande, compuesta por comunarios que dependen del agua para sus actividades diarias y su subsistencia, ha expresado su malestar por la situación. Según testimonios, los habitantes estuvieron sin agua durante cuatro días, lo que generó graves inconvenientes en su vida cotidiana y en su salud.
El caso ha sido calificado como una violación grave a los derechos humanos, y se espera que las acciones legales emprendidas por el Defensor del Pueblo sirvan para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. La institución hizo un llamado a las autoridades competentes a garantizar el acceso al agua y a otros servicios básicos para todas las comunidades, en cumplimiento de los derechos constitucionales y las normativas vigentes.
Mientras tanto, los pobladores de Río Grande esperan respuestas concretas y soluciones inmediatas para evitar que esta situación se repita, mientras el Defensor del Pueblo continúa con su labor de investigación y defensa de sus derechos.
