Hoy recordamos el bicentenario del decreto del 9 de febrero de 1825, dictado por el Mariscal Antonio José de Sucre para celebrar una Asamblea General Deliberante conformada por representantes de las provincias del Alto Perú.
Este documento jurídico es fundamental para la construcción de Bolivia independiente, meditado en Puno durante los primeros días de febrero y finalmente publicado en La Paz, un día como hoy hace doscientos años atrás.
En pleno año de nuestro Bicentenario es importante reflexionar las consecuencias de este decreto en el proceso de formación del Estado boliviano, la representatividad geográfica y social de los diputados elegidos en su cumplimiento y el aporte de estos en la conformación de nuestro país que nació en torno a la producción industrial de la minería de la plata en Potosí, que fue el principal polo de desarrollo de la región.
Doscientos años después el polo de desarrollo migró al oriente, concretamente a la ciudad de Santa Cruz, sin embargo el potencial estratégico de desarrollo continúa siendo la minería, esta vez la industrialización del litio en el salar de Uyuni que también se encuentra en Potosí.
Nuestra pregunta capital es: ¿Por qué si Potosí tuvo y tiene recursos minerales tan importantes continúa en condición de subdesarrollo y pobreza?
