El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, calificó el paro multisectorial convocado para este lunes, 10 de febrero, como innecesario y con motivaciones políticas. En una entrevista con Bolivia TV, la autoridad aseguró que el Gobierno trabaja para garantizar el abastecimiento de productos y fortalecer el control del contrabando a la inversa.
Silva detalló que el Gobierno ha sostenido reuniones con diversos sectores, incluyendo gremiales, empresarios e industriales, para socializar y discutir la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado, que faculta al Estado realizar el decomiso de productos de contrabando.
“Lamentablemente, muchos sectores con intereses políticos han decidido no participar en el diálogo y han optado por organizar un paro”, declaró.
El viceministro recordó que la industria y el comercio minorista son los principales afectados por este tipo de movilizaciones. Mientras que los industriales suelen criticar los bloqueos y paros debido a las pérdidas millonarias que generan, los comerciantes minoristas también se ven perjudicados, ya que pierden sus ingresos diarios.
En cuanto a la disposición séptima, Silva explicó que su objetivo es combatir el contrabando a la inversa, es decir, la salida ilegal de productos bolivianos subvencionados hacia países vecinos.
“Actualmente, los productos nacionales son más baratos que los de Perú, Chile, Argentina y Brasil, lo que incentiva el contrabando hacia estos países. Esto afecta directamente al consumidor boliviano, ya que genera el incremento de precios de la canasta familiar”, subrayó.
Asimismo, mencionó que el Gobierno ya ha suscrito acuerdos con algunos sectores gremiales, como la Confederación liderada por Rodolfo Mancilla, que logró la exclusión del comercio minorista de la disposición en cuestión. Sin embargo, otras organizaciones han solicitado un cuarto intermedio para continuar con las negociaciones.
Respecto a los sectores que exigen la derogación total de la disposición séptima como condición para dialogar, Silva aclaró que el Ejecutivo no tiene la facultad de derogar normas con rango de ley, ya que esta es una atribución del poder legislativo.
Además, advirtió que el Senado ha introducido cambios en un proyecto de ley presentado sobre el tema, agregando artículos que afectarían la política económica del país, por lo que la situación ahora está en manos de la Cámara de Diputados.
El viceministro reiteró la necesidad de normativas claras para enfrentar el contrabando a la inversa, estableciendo protocolos que permitan el control y destino adecuado de los productos incautados. Finalmente, hizo un llamado al diálogo, destacando que las medidas adoptadas buscan proteger la economía de los bolivianos y evitar el aumento del costo de vida para las familias.
Fuente: EL DEBER
