Un fallo dejó en manos de una sala constitucional la posibilidad de reabrir los procesos por cargos de corrupción que pudo cometer Manfred. Tras 16 años se “desempolvó” el caso Catler contra Tuto y Vicente Cuéllar es procesado por el delito de terrorismo.
La Justica reactivó procesos judiciales contra tres precandidatos. Manfred Reyes Villa está a la espera de un fallo constitucional para ver si se reabren o no sus procesos por supuesta corrupción. Jorge Quiroga enfrenta ahora el caso Catler, que fue desempolvado por la justicia y está a la espera de una audiencia el 13 de febrero. Vicente Cuéllar tiene abierta una acusación formal por las movilizaciones y paro cívico por el censo. Mientras, al gobernador Luis Fernando Camacho le restringieron las visitas en el penal de Chonchocoro.
Ayer se conoció el auto constitucional 226/2024 que deja abierta la posibilidad de que Reyes Villa sea procesado mediante un juicio de responsabilidades; sin embargo, para que ello ocurra la Asamblea Legislativa Plurinacional debe autorizarlo y, además, debe modificar la ley para juzgar por procedimiento especial a altas autoridades del país.
Este documento explica que el amparo fue planteado por cuatro fiscales de Cochabamba, que tienen a cargo procesos contra Reyes Villa. Dicho recurso fue interpuesto contra Gina Luisa Castellón y Oscar Florero Florero, vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba. El texto también señala que los fiscales observaron la resolución de los vocales Florero y Castellón al denegarles la tutela para la prosecución de los procesos contra el alcalde de Cochabamba.
Sin embargo, con este auto constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordena a los vocales “revocar la resolución del 1 de agosto del 2023 de la Sala Constitucional Primera de Cochabamba” y resuelve que “admita” la acción de defensa planteada por los fiscales y someta la causa al trámite previsto por ley. Este documento está firmado por los magistrados autoprorrogados y que fueron elegidos durante la era de Evo Morales.
Al respecto, Mauricio Muñoz, vocero de la alianza Autonomía Para Bolivia (APB)-Súmate, afirmó que Reyes Villa desconoce este auto constitucional y lo calificó de “muy poco claro”. El dirigente dijo que detrás “podría haber una intención de inhabilitar al capitán Reyes Villa, pero ya se demostró hace tiempo que Manfred Reyes Villa es inocente de todo de lo que se lo acusó”.
No renunciará
Ayer, Reyes Villa dijo que no renunciará a su puesto como titular de la Alcaldía de Cochabamba y anticipó que pedirá licencia para poder dedicarse de lleno a su candidatura presidencial. La autoridad opositora calculó que se alejará de su cargo a finales de abril y que luego se dedicará por completo a la campaña “hasta que me vaya a otro cargo a La Paz”.
Mientras, Quiroga, también precandidato opositor, está a la espera de una audiencia el 13 de febrero por el caso Catler Service. Este proceso se reactivó después de 16 años y en el que el político es investigado por los delitos de difamación y calumnias, luego de denunciar el caso Catler Service. El abogado de Quiroga, Luis Vásquez, adelantó que solicitará que el caso prescriba.
“Evo Morales y Luis Arce hundieron la economía de Bolivia, ahora, desesperados buscan inhabilitarme desempolvando viejo caso Catler de robo y asesinato que denuncié. Antes de sentenciar a corruptos y asesinos, me persiguieron para callarme”, denunció Quiroga.
Otro precandidato con proceso abierto es Cuéllar. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) tiene una acusación formal y un proceso por terrorismo por el paro en Santa Cruz de la Sierra exigiendo mejores condiciones para el censo. “Tenemos una acusación formal. Es una persecución política, está muy claro, la justicia lamentablemente no tiene independencia. Por el solo hecho de haber pedido censo nos han denunciado por terroristas”, dijo Cuéllar.
Ayer, Quiroga no pudo reunirse con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro a pesar de que esa cita fue acordada y coordinada con las autoridades de Régimen Penitenciario. El precandidato dijo que le informaron “que las visitas fueron canceladas debido a los problemas de seguridad” que enfrentó ese penal, pero luego exteriorizó su sorpresa porque “otros ciudadanos” pudieron ingresar sin mayor problema al interior del penal.
En la última semana, dos internos en ese centro penitenciario fueron asesinados en sus celdas, mientras que a finales de enero otro recluso mató a otro detenido con un arma que fue adquirida de un efectivo de la Policía.
– Procesos
El caso Catler estalló en 2009 y los antecedentes apuntan a la suscripción del contrato para la adquisición de una Planta de Separación de Licuables de Río Grande entre YPFB y Catler Uniservice por $us 45 millones prestados por el Banco Unión. La entidad pidió a Tuto que se disculpe por haberles dicho que son “una lavandería de corrupción” para extinguir la demanda. El expresidente se negó a hacerlo y ahora está enjuiciado.
Por otro lado, las autoridades de Chonchocoro aseguran que impusieron restricciones de “seguridad” por las muertes en ese recinto.
Fuente: EL DEBER
