El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se apelará la determinación judicial que otorgó la sentencia de cinco años y cuatro meses para los exministros del gobierno de Jeanine Añez en la gestión 2020, Arturo M.P., Luis F.L.J., Roxana L.V., el exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa, Héctor P.O. y los demás acusados, porque existen pruebas contundentes que demuestran su autoría por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Tráfico Ilícito de Armas, por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República de Ecuador.
“Durante la etapa investigativa se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde se transportaron policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de ese país, entre otros que demuestran la autoría de los sindicados que hoy fueron sentenciados, por ello, los exministros varones deberán cumplir su condena en San Pedro y la exministra en Obrajes. Una vez seamos notificados se apelará la determinación porque consideramos que corresponde la pena máxima”, dijo Torrez.
Dentro del mismo proceso se dictó resolución absolutoria para los excomandantes del Ejército y de la Policía, Sergio O.C., y Rodolfo A.M.T, y Rubén P.B., Ivan P.I.R., Adhemar J.T.M., Y José G.P.S., por el delito de Tráficos de Armas en Grado de Complicidad, también absolvieron a los exministros por ese delito.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Hernán Kiffer, informó que, de acuerdo a la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría llevado adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar el préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador
Fuente: FGE
