Por: Waldo Vargas Reyes
Con luces y sombras, nuevamente se levanta la bandera electoral para este domingo 15 de diciembre de 2024.Donde más de 7 millones de personas, entre varones y mujeres habilitados en el Padrón Electoral Biométrico elegirán a 94 candidatos; es decir: a siete magistrados titulares y suplentes al Tribunal Supremo de Justicia; cuatro titulares y suplentes al Tribunal Constitucional Plurinacional; cinco titulares y suplentes al Tribunal Agroambiental; y, tres titulares y suplentes al Consejo de la Magistratura. De los cuales muchos son desconocidos o ignorados por la población votante.
En nuestros anteriores artículos ya habíamos mencionado que, estas elecciones democráticas se encontraban al vilo debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al declarar improcedente las solicitudes de avocación que fueron planteadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que las elecciones judiciales se realicen de manera íntegra, en lugar de forma parcial, se incurrió en una flagrante violación del principio de preclusión y se atentaba las atribuciones del Órgano Electoral. Por tanto, se vislumbran nubarrones negros para las futuras elecciones democráticas en Bolivia, porque en el fondo se violo el contenido del Art. 182.II, de la CPE, respecto a las características del proceso electoral que es “único y exclusivo”.
En ese contexto, ahora el soberano asistirá nuevamente a las urnas al igual que lo hizo el 2011 y 2017, donde se tuvo mayor cantidad de votos blancos y nulos que llegaron a un 57 % y 65 % respectivamente, demostrando con ello, el menosprecio a las elecciones judiciales; y, ahora el 2024, con los problemas sociales, económicos que viene atravesando el país, las acciones constitucionales que culminaron con la anulación de calificación de méritos de preselección de candidatos de la asamblea legislativa, no sabemos cuál será el comportamiento de la población. Más aun cuando, no conocen a los candidatos ni saben en estos momentos por quien votar o finalmente cumplirán algunos las líneas políticas de los partidos políticos.
Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿Qué es lo que va a pasar con los magistrados prorrogados? ¿Cuándo se va encarar la segunda parte de las elecciones judiciales? y ¿Cuánto le va a costar al país? ¿Quiénes tienen legalidad y legitimidad? Todo por no respetar el principio de preclusión que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, lo que impide el regreso a etapas y momentos procesales que ya fueron extinguidos y consumados.
Pueblos del Sur, 15 de diciembre de 2024.
