La NPM Minerales S.A., subsidiaria de New Pacific Metals Corp., empresa canadiense, tiene dos proyectos mineros en Bolivia con una proyección de inversión de 682 millones de dólares, sin embargo, uno de sus proyectos -Silver Sand- espera desde 2019 que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) apruebe su contrato minero productivo, además de enfrentar el “avasallamiento” de la minería ilegal.
Este proyecto está situado en Tacobamba, en el departamento de Potosí, empezó en 2017 con las actividades de exploración de yacimientos de plata, se prevé una inversión de 358 millones de dólares. Mientras que en el proyecto Carangas ubicado en el departamento de Oruro se proyecta una inversión de $us 324 millones.
La empresa minera al cierre de la gestión 2024, reflexionó sobre los problemas que tiene la minería legal para operar en el país, en un contexto de falta de divisas en el que la minería podría ser un actor importante para contribuir en generar ingresos para el Estado.
Uno de los problemas en el caso del proyecto de Potosí es que desde 2019 siguen tramitando la aprobación del contrato de producción minera en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), documento al que se le han realizado todas las modificaciones posibles.
“El contrato productivo minero para el proyecto de Silver Sand (…) se encuentra desde el 2019 en Comibol, ya hubo varios borradores, esperamos que estemos en la última versión que es analizada por el ministerio”, afirmó el gerente general de NPM Minerales S.A., Hianny Romero.
Explicó que el contrato es necesario porque “hay áreas de Comibol que están sobrepuestas con nuestra área. Para evitar un problema de quién tiene la titularidad, quién tiene el derecho preferente de esas áreas, hemos dicho que entremos en un contrato y se avanzó en ese sentido con Comibol”, pero el trámite sigue demorado.
Para ese proyecto requieren suscribir un contrato de producción minera con Comibol; además de una categorización del proyecto para obtener la licencia ambiental; y la licencia social que consiste en la autorización que otorguen las comunidades vecinas, previo el contrato minero.
Romero dice que también se trata de voluntad política como sucedió en Oruro, cuando el gobernador de ese departamento conformó un comité de minería para avanzar en los temas fundamentales, trabajar sobre los problemas y las soluciones, lo que ha posibilitado avanzar en el proyecto Carangas.
Mientras que en Potosí no ha existido ese acompañamiento o voluntad técnica o política “para poder subsanar y avanzar, porque ya son muchos años. Se han subsanado observaciones que nos hicieron diciendo: ‘aumenten esto o quiten esto, modifiquen esto’. Sinceramente ya hicimos todo lo que se nos ha pedido, pero aun así tiene los retrasos”.
Una vez que el contrato minero administrativo sea aprobado por Comibol pasará a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde debe ser ratificado, sin embargo, Romero dijo que esta es una instancia en la que la empresa no controla los plazos, aunque señaló que son optimistas de que se apruebe el contrato en la próxima gestión.
La empresa además tiene que enfrentar los problemas que provoca la minería ilegal, “nos preocupa especialmente en nuestro proyecto de Potosí la minería ilegal”, porque retrasa el proyecto, amenaza al personal con dinamita, sus acciones tienen impacto en el medioambiente porque no se rigen por normativas.
El gerente de la empresa dijo que no esperan que se les exima de impuestos, tampoco piden favores arancelarios, mucho menos que no se cumplan los plazos, no obstante creen que se trata de una inversión de más de 300 millones de dólares en una región deprimida. “Hemos venido a invertir con las condiciones existentes en el país”, sostuvo
Mientras la empresa NPM Minerales S.A. tiene proyectado una inversión de más de 300 millones de dólares, generar empleo seguro, cumplir con todas las normas legales, incluso la presentación de los estados financieros de los inversores; la minería ilegal opera al margen de las normas y sin sanciones.
Según dijo el gerente, son personas que aparecen de acuerdo a sus conveniencias a veces con el casco de cooperativistas para presionar a la empresa, otras veces como comunarios para victimizarse, otras de emprendedores cuando negocian el mineral con los ingenios.
Describió que estas personas antes tenían operaciones de limpieza de socavones en esa área de manera artesanal, pero ahora su trabajo es mecanizado, porque son empresarios que tienen cuadrillas de trabajadores, gente contratada fuera del área, además de inversionistas.
Por otra parte, dijo que la misma comunidad de la zona tiene miedo de reunirse en su sede ante la posibilidad de un ataque con dinamitas.
“El personal ha querido visitar el área lo hicimos con la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y con la secretaría de Minería de la Gobernación de Potosí y se ha evidenciado que hay operaciones ilegales y avasallamientos que no nos dejan entrar”.
Fuente: ANF
