A través de un comunicado conjunto, 13 cámaras del sector empresarial de Bolivia rechazaron el proyecto de ley PGE y anunciaron que no participarán de su reglamentación.
El proyecto de ley 003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 se encuentra en la mira y conforme pasan los días suma más observaciones, en medio de una suerte de dilatación en su tratamiento.
Esta vez, una de las críticas más duras llegó desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, instancia que dejó en claro su “profunda preocupación” debido a que la propuesta “no es más que una carta blanca para la emisión, el endeudamiento y la desinstitucionalización” del país.
En síntesis, para la Cainco, con esta propuesta el Estado refleja su decisión “irresponsable de persistir en un modelo agotado” que atenta contra la “institucionalidad” del país.
Ayer, a través de un comunicado público, el ente cruceño expuso cinco argumentos contra el proyecto presentado a fines de octubre e instó a los asambleístas a rechazar el documento.
CAINCO OBSERVA Para esta instancia, el PGE atenta contra la estabilidad macroeconómica del país debido a que contempla un déficit fiscal de 35.000 millones de bolivianos, equivalente al 9.2% del PIB.
En esta línea, de acuerdo a la propuesta, este solo puede financiarse de dos formas. La primera, con un financiamiento interno del Banco Central de Bolivia (BCB) y de la Gestora Pública de Pensiones (GPP). Empero, dada la situación económica de Bolivia, esta alternativa es nociva porque producirá mayor inflación.
A ello se suma que, la otra vía de financiamiento propuesta sería de endeudamiento externo, lo que sería insostenible.
Para la Cainco, el PGE no busca impulsar al sector exportador de bienes y servicios, tampoco estrategias para el ingreso de dólares.
También observó que el PGE vulnera la Ley del Baco Central puesto que busca obtener financiamiento más allá de sus límites.
Finalmente, calificó de “represivos” los controles de precios estipulados, puesto que esta medida incentivaría la creación de “mercados negros”. Asimismo, observó que este documento propuesto por la administración de Luis Arce desconoce la “profunda crisis” que Bolivia enfrenta desde 2023.
DISPOSICIÓN SÉPTIMA Otra de las observaciones, se centra en la disposición adicional séptima del documento, la cual establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos”.
Ayer, a través de un comunicado conjunto, 13 cámaras del sector empresarial de Bolivia rechazaron esta disposición adicional y anunciaron que no participarán en su proceso de reglamentación.
También instaron al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a “no aprobar normativas que vulneran derechos fundamentales”. Caso contrario, advierten que se producirá un clima de inseguridad jurídica, lo que “ahuyentará inversiones nacionales y extranjeras”.
Al respecto, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, indicó que, de aprobarse esta disposición, esta sería “nefasta” puesto que cuando las normativas son “draconianas” estas generan una pérdida de confianza y seguridad jurídica, además de una afectación severa al sector agroalimentario el cual invertirá y producirá menos.
UAGRM El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, también se sumó a los cuestionamientos y denunció que el PGE plantea un endeudamiento de 4.400 millones de dólares. Antes, lo calificó de “abusivo y 100% político”.
Instó a los legisladores superar sus diferencias y tratar la norma, puesto que, de lo contrario, regiría su “aprobación automática”.
EN ESPERA Ayer, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados debía iniciar el tratamiento del PGE 2025 con la participación del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a quien citaron para explicar la misma.
Sin embargo, esta instancia declaró cuarto intermedio hasta el viernes, 6 de noviembre, a las 08:00, a fin de contar con la presencia del titular de Economía.
El PGE 2025 propone un presupuesto consolidado de 296.565 millones de bolivianos; es decir, un 11.7% más respecto a 2024.
Fuente: OPINIÓN
