El sistema de salud de Colombia vive una de sus peores crisis financieras desde que se creó en 1993. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), encargadas de asegurar la prestación de servicios de todos los ciudadanos, gastan más dinero del que reciben del Estado para ese fin. Es un déficit que se ha agudizado en los dos últimos años y tiene efectos directos en toda la cadena, desde las clínicas y hospitales, hasta los médicos y enfermeros, pasando por los laboratorios, las farmacéuticas que fabrican medicamentos y, sobre todo, la atención que reciben los pacientes. Todos los actores del sistema y todos los sectores políticos reconocen la gravedad de una crisis en la que coinciden, paradójicamente, el presidente Gustavo Petro y sus peores detractores. El debate está en qué ha generado el problema y cómo resolverlo.
En promedio, según información de la ANDI, en lo corrido de 2024 las EPS han gastado 109 pesos por cada 100 que han recibido. La más grande, Nueva EPS con 10 millones de afiliados, intervenida por el Gobierno desde hace meses, tiene un déficit superior a esa media. En junio gastó 126 pesos por cada 100 que recibió; en agosto, el último dato disponible, 118 por cada 100. La EPS Sanitas, también intervenida y con más de 5 millones de usuarios, tiene esta tasa más baja, pero también opera a pérdida, al gastar 104 pesos por cada 100 que recibe. En total, el hueco suma entre 5,9 billones de pesos y 14 billones, dependiendo de quién lo mida.
Hace unos días, en la posesión de Giovanni Rubiano como superintendente de Salud, el presidente reconoció la crisis. Dijo que “el sistema no se puede autosostener” e insistió en que se cae “como un dominó”. Petro culpó a los congresistas, que hundieron la reforma a la salud que presentó en 2023 y no han aprobado la nueva. “La demora del Congreso de la República en aprobar la ley, la reforma que es para salvar el sistema, pues ha profundizado su crisis. Esa es la realidad. Entre más días pasen, más se profundiza”, argumentó. El presidente insiste en que el principal motivo del déficit es la corrupción en muchas EPS. Por eso, propone transformarlas de tal forma que ya no manejen los recursos del sistema, sino que reciban una comisión por sus gestiones de coordinación y auditoría.
Diana Cárdenas, economista de la Universidad Nacional y una de las mayores expertas en las finanzas del sistema, concuerda en la magnitud de la crisis, pero discrepa del análisis del presidente. “La relación de ingresos y gastos, reflejada en la siniestralidad de las EPS, es negativa”, dice por teléfono. La viceministra de Salud del Gobierno de Iván Duque explica que el problema viene de atrás, pero en los dos últimos años se ha complicado debido a que el Gobierno se ha negado a darle el dinero requerido a las EPS. Señala que el valor que el Estado paga a las EPS por cada afiliado, la Unidad de Pago por Capitación o UPC, es insuficiente. Lo mismo ocurre con los presupuestos máximos, el recurso que les asigna para financiar servicios y tecnologías que no cubre la UPC. “Los recursos totales del sistema no alcanzan”, dice Cárdenas, y aclara que la carencia aqueja a las EPS administradas por privados y a las que maneja el Estado. “Si todas tienen el mismo problema, es porque de verdad la plata no es suficiente”.
Con ella coincide Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. “La UPC siempre ha estado mal calculada, pero la brecha se incrementó a partir de 2022, hasta hoy″. Según distintas entidades, en 2024 debía aumentar 16%, pero el Gobierno la incrementó 12%. Además, tres de esos puntos porcentuales se destinaron a aplicar su cobertura a nuevas tecnologías, por lo que el desface real se calcula en seis puntos porcentuales. Eso equivale más o menos a dejar de inyectar 5 billones de pesos al sistema al año. A eso se le suma que este año el Ministerio utilizó 2,5 billones de ese dinero para fortalecer la infraestructura hospitalaria pública.
Uno de los efectos más graves de este déficit ha sido el aumento de las deudas con las clínicas y hospitales. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha denunciado esta semana que entre diciembre de 2023 y junio de 2024 aumentaron en 2,1 billones de pesos las deudas de las EPS a sus afiliados. “A 225 instituciones prestadoras de servicios de salud que reportaron información se les adeudan un total aproximado de 18,9 billones de pesos, lo que representa un incremento de 12,8%”.
Hay otros efectos evidentes de la crisis. De acuerdo con el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, en el primer cuatrimestre de 2024 aumentó en 42% el número de tutelas que buscan la protección del derecho a la salud, en comparación al mismo periodo de 2023. Las que más subieron fueron las relacionadas con el suministro de medicamentos, un 77 %. Además, el DANE informó que en el segundo trimestre de 2024 el gasto directo que hacen los hogares en la salud, que es muestra de que el sistema tiene falencias, subió un 5,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, Vecino asegura por teléfono que lo más grave de la desfinanciación es que ha llevado a una crisis de confianza que parece irreversible. “Es la pérdida más importante. Es difícil de cuantificar, pero es evidente. Se están empleando menos personas en el sector, ha habido una reducción en la inversión en salud del 50%, el apalancamiento de crédito es muy bajo”, dice el profesor. Señala que todo eso se debe a que los actores no tienen la certeza de que les vayan a pagar, lo que explica que EPS con buenos indicadores, como Sura y Compensar, dejen el negocio. Vecino recuerda que antes del 31 de diciembre el Gobierno debe definir el valor de la UPC de 2025. “Esta decisión será de vida o muerte para el sistema de salud”.
Fuente: EL PAÍS
