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Industriales de Cochabamba impugnan bancarización de transacciones y advierten asfixia al sector formal

La Paz, 5 de noviembre de 2024 (ANF). – La Cámara de Industria Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) presentó un recurso de impugnación al Sistema de Registro Auxiliar de Bancarización que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025, ya que afectará al sector formal con la aplicación de nuevas normas impositivas.

Es una medida que nosotros hemos impugnado, es justamente una presión adicional al sector formal que ya está bastante asfixiado. Así que nosotros junto a otro sector empresarial y gremios hemos impugnado esa determinación y esperemos que eso se resuelva”, informó el gerente general de la ICAM, Alberto Arce.

El lunes, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, anunció que el 1 de enero de 2025 entrará en vigencia el “Registro Auxiliar de Bancarización” para que las personas naturales y jurídicas reporten la adquisición o venta de bienes o servicios cuyo valor total sea igual o mayor a Bs 50.000.

 

Arce cuestionó que se pretenda generar nuevas imposiciones al sector productivo que está formalmente construido en el país y no a los informales. Consideró que esa determinación ocasionará que muchas empresas dejen de tributar.

Es lamentable que el informal, el que mete productos de contrabando y que no pasa por la Aduana no cumplan con estos requisitos, mientras que el que quiere aportar y pagar sus productos a través de la banca cada vez le ponen más requisitos. Estamos achicando esa formalidad que llega apenas al 15 por ciento”, manifestó.

Esa determinación generó susceptibilidad en diferentes sectores por la posible creación de un nuevo impuesto. Al respecto, Cazón negó esa situación y afirmó que esa instancia no tiene la tuición de autorizar tributos porque es atribución de la Asamblea Legislativa.

A la vez, aclaró que esa normativa solo se aplicará a las personas naturales y jurídicas que tributen y que tenga un Número de Identificación Tributaria (NIT), no a cualquier persona que realice transacciones.

Otra gran mentira que están señalando es que esta normativa se estaría aplicando a cualquier ciudadano que hace una transacción en el territorio nacional. Una falaz mentira”, afirmó Cazón.

Fuente: ANF

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