En el desguace del Estado que lleva adelante Javier Milei le llegó la hora a la Casa de Moneda, la entidad que desde 1875 se ha dedicado a imprimir billetes y acuñar monedas de curso legal en Argentina. El Ejecutivo dispuso la intervención de la empresa estatal, donde se desempeñan cerca de 1.300 trabajadores, y suspendió la impresión de billetes: de hecho, la provisión ya procede mayormente del exterior, en particular de China. “El Gobierno sigue atacando a nuestra soberanía económica”, denunció el sindicato de trabajadores estatales ATE.
A comienzos de este mes, la Administración de Milei había anunciado la reestructuración de la Casa de Moneda. Este lunes, el Banco Central de la República (BCRA) discontinuó los contratos que mantenía con la empresa alegando altos costos, incumplimientos y demoras en la provisión de billetes de 1.000 y 2.000 pesos, cuyo valor se vio licuado por la inflación (respectivamente, hoy equivalen a uno y dos dólares). Se estima que en Argentina, un país con 46 millones de habitantes, circulan casi 12.000 millones de billetes, gran parte de ellos de valor menguante y, por eso, en creciente desuso, lo que genera un serio problema de almacenamiento.
“Se procederá a detener todos los procesos productivos referentes a la fabricación de billetes. Por tal motivo, a todo el personal afectado exclusivamente a dicha actividad productiva se le dará curso a la utilización de periodos vacacionales que tengan disponibles”, fue el mensaje que recibieron los trabajadores, tras la decisión del BCRA.
El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, sostuvo que el propósito del Ejecutivo es “hacer más eficiente” a la Casa de Moneda. “Nos parece que la emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido por una relación costo beneficio”. El Gobierno también resolvió intervenir por 180 días la empresa, que arrastra graves carencias de infraestructura, maquinaria obsoleta y una deuda cercana a los 400 millones de dólares, señalan las autoridades.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su junta interna en la Casa de Moneda, cuestionó al Gobierno de Milei por llevar a la empresa a “un punto de no retorno”. “Las herramientas fundamentales de una economía independiente se ven amenazadas de extinción por una ideología que prefiere importar billetes de otra parte del mundo en vez de defender su propia industria y soberanía”, indicó. También el sindicato Federación Gráfica Bonaerense había acusado hace un mes al Gobierno de impulsar el vaciamiento de la Casa de Moneda y de excluirla de las licitaciones convocadas por el BCRA para la impresión de billetes.
La provisión de billetes de mayor denominación, de 10.000 y 20.000 pesos, que instrumentó la actual Administración, fue encomendada a proveedores extranjeros. Ya bajo el anterior Gobierno, a cargo del peronista Alberto Fernández, ante la demanda de billetes provocada por una inflación que llegó a rozar el 300% interanual, se había comenzado a importar papel moneda desde Brasil, España, Francia, China y Malta cuando la Casa de Moneda no daba abasto. Con la asunción de Milei en diciembre pasado, las nuevas autoridades directamente se inclinaron por la importación, argumentando cuestiones de costos y plazos de producción. Así, la empresa estatal china Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC) se quedó con la mayor provisión, ya envió partidas de billetes y tiene comprometidas otras. También la estadounidense Crane Currency se impuso en una licitación.
Por el momento, según informó el Gobierno, la Casa de Moneda continuará con la producción de pasaportes, estampillas, matrículas y documentos de vehículos. Si bien ya se decidió disolver la Compañía de Valores Sudamericana (la eximprenta Ciccone Calcográfica, núcleo de un famoso caso de corrupción durante el kirchnerismo), el futuro de la Casa de Moneda aún es una incógnita: el Ejecutivo debe resolver si avanza hacia su cierre definitivo, si intenta privatizarla o si la sostiene dentro del aparato estatal, aunque reducida a una expresión mínima de lo que supo ser.
Fuente: EL PAÍS
