Luis Sivila Alurralde
En los últimos días se conoció del problema institucional en el Directorio de AAPOS, institución responsable del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en Potosí. Conflicto que llega a extremos cuando dos representantes de instituciones del Directorio tomaron la medida extrema de la huelga de hambre para ser reconocidos como tales, habida cuenta que existe paralelismo en la representación de sus organizaciones matrices y ambas reclaman que el Directorio les de legitimidad.
Este problema agudiza el problema de escasez de agua que viene atravesando la ciudad. La injerencia política en el Directorio de la Operadora solo perjudicará a encontrar soluciones que demandan urgencia en esta etapa de estiaje.
El Gobierno Municipal de Potosí debe asumir responsablemente las competencias que le han sido encargadas mediante la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. Una de las principales tareas encomendadas a los gobiernos municipales es la prestación de servicios con competencias exclusivas, que le permiten legislar, ejecutar y reglamentar.
No puede ser que 15 años después de vivir en un Estado con autonomías y con la asignación de competencias definidas claramente, el municipio continúe con un operador cuyo directorio fue conformado por un DS N° 28387 de 6 de octubre de 2005. Esto en total contravención a la actual CPE.
Por lo tanto, como gobierno municipal debe, a la brevedad posible, legislar una ley de prestación de servicios que le permita asumir plenamente el control del operador del servicio. Esto implica que a través de un Decreto, el Ejecutivo conforme un directorio basado en las áreas competentes de la Alcaldía, con la representación de un delegado de la Gobernación, toda vez que tiene competencias compartidas en el financiamiento de proyectos y de asistencia técnica en agua y saneamiento.
Otras instancias que no son competentes, podrán ejercer sus funciones como control social, más no como instancias de decisión en el ejercicio institucional del Operador.
La coyuntura que se presenta en Potosí, exige que se convierta en el primer municipio de Bolivia en cumplir con lo establecido constitucionalmente, ya que en el país ningún gobierno municipal se atreve a institucionalizar el funcionamiento de su Operadoras de Servicio (EPSA), permitiendo el manoseo político de los directivos actuales, en muchos casos, la intromisión del Estado Central en sus decisiones institucionales.
¿Será que el Gobierno Municipal de Potosí se atreve a tomar este importante paso? Es hora de demostrar que el servicio de agua no debe tener un tinte político, debe ser transparente en todas sus acciones.
