Por: Waldo Vargas Reyes
KOLLASUYO (RK 93) Después de las resoluciones emanadas por las salas constitucionales de Beni y Pando, volvió la incertidumbre y quedó nuevamente en vilo la agenda electoral programada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como es la realización de las elecciones judiciales el 1 de diciembre de 2024.
Más allá de que el Vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, anunciara que las acciones de defensa presentada por algunos ex postulantes eran procesos precluidos y que de ser suspendidas las elecciones judiciales, provocaría un daño económico al Estado de Bs 55 millones, la Sala Constitucional de Pando, al considerar que la accionante María Esther Cavero, fue excluida de la lista de candidatos por otras dos postulantes que no cumplieron con la calificación mínima de 130 puntos y se habilitó a Silvia Clara Zurita, sin que ella residiera en la ciudad de Cobija, sino en Cochabamba, concedió la tutela; y, por otro lado la Sala Constitucional del Beni, al considerar que el ex postulante Hugo Vargas, fue inhabilitado, pese a que obtuvo un alto puntaje en su postulación, concedió la tutela.
Es decir ambas salas en la misma línea, dispusieron declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a nivel nacional, decidieron que el Tribunal Electoral debe devolver las listas a la Asamblea Legislativa para su revisión y en su caso empezar de fojas cero; además se retire a los candidatos que incumplieron los requisitos meritocráticos y subsanen las listas.
En otras palabras, nuevamente sale a la luz pública la falta de “responsabilidad” y “compromiso” con la Patria, por no decir otra cosa, de quienes hoy conforman la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, que no actuaron oportunamente y a causa de ello, nuevamente está en vilo no solo las elecciones judiciales; sino que, como efecto dominó la propia democracia que el pasado 10 de octubre se recordó los 42 años de vida.
En esa realidad, las autoridades judiciales deben sacarse el “chip” tradicional del derecho positivista, porque ahora la justicia no se “administra”, se “imparte” desde y conforme a la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad; ya que, la justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, celeridad, gratuidad, entre otros. Por todo ello, debemos entender a la justicia como un valor axiológico y para que vuelva la armonía social, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, dar celeridad al caso concreto y conforme al contexto social, político y jurídico, hacer la ponderación, revisar y resolver durante los próximos 10 días de manera excepcional e imprimir medidas cautelares, para salvar la democracia como las elecciones judiciales. (Art. 43 del CPC).
Pueblos del Sur, 16 de octubre 2024
