La geógrafa Ane Alencar ha empezado a oír las cigarras desde su despacho, en Brasilia. Por fin una buena noticia. Porque su penetrante sonido anticipa la llegada de las lluvias. Y es importante porque solo las lluvias conseguirán apagar los fuegos que devoran buena parte de Sudamérica, enfatiza Alencar, directora científica del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonia (IPAM). Los incendios están causando enormes estragos en Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela y Argentina cuando el hemisferio sur entra en la primavera. Daños terrestres y en la atmósfera. La quema de vegetación ha disparado las emisiones de gases de efecto invernadero, según alertó esta semana el Servicio de Monitoreamiento Atmosférico europeo Copernicus. Sus imágenes de satélite muestran una lengua de gas con forma de ele que ahoga la región. En infinidad de ciudades sudamericanas, basta abrir la ventana. El denso humo impide ver el horizonte.
La situación ambiental es especialmente grave en Bolivia, en la Amazonia brasileña y en otro ecosistema llamado el Pantanal, que están emitiendo a la atmósfera el récord de gases en 20 años. En lo que va de año, Brasil ha soltado más de 180 megatoneladas de dióxido carbono, Bolivia, 30, según Copernicus.
Especialistas y autoridades apuntan a pirómanos, a incendios intencionados, porque a medida que la ola de fuego avanzaba los países han prohibido usarlo para el manejo forestal y agrícola. Por tanto, son obra de agricultores irresponsables e ineptos o de delincuentes que usan el fuego para allanar el camino a la depredación de la selva. A la impunidad de siempre esta temporada se les ha unido, como aliada, la peor sequía en décadas. La vegetación, sequísima, es ahora mismo una especie de barril de pólvora, al mínimo chispazo todo prende con violencia. Sudamérica acumula 400.000 focos en lo que va de año, casi el doble que el mismo periodo de 2023, según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE).
Advierte Alencar, que también es la directora de Mapbiomas fuego, otra organización, de un problema añadido. Además de las emisiones que generan ahora mismo los incendios, están las futuras, las que persistirán una vez extinguidas las llamas. Explica que, cuando la selva nativa se quema, cuando las llamas afectan a árboles en pie cuyo tronco no tiene una corteza gruesa, durante los 10 años siguientes emite más dióxido de carbono del que atrapa y almacena. El fuego degrada la vegetación, el dosel se debilita, recibe más radiaciones y eso aumenta el riesgo de que sufra incendios recurrentes. Todo ello merma su capacidad de mitigar el cambio climático, que azota en todo el planeta con eventos extremos cada vez más frecuentes, violentos y devastadores.
Ecuador, cortes de luz de 14 horas
Ecuador arde desde hace tres meses con un aumento de focos del 160%. En paralelo, los estragos de la sequía se agravan con cortes de electricidad hasta de 14 horas y restricciones agua potable. En lo que va de año, los incendios han devorado 38.542 hectáreas de bosque y las autoridades han declarado alerta roja en casi todo el territorio. La provincia de Loja, en el sur, es la más afectada. Gran parte de sus bosques protegidos ha sido destruida por las llamas, un fenómeno anual pero cada vez más intenso. El último gran incendio forestal, esta misma semana, afectó la zona verde de Quito. Con cuatro conatos que golpearon a la capital en distintos lugares, arrasó 146 hectáreas en el incendio más grave de la ciudad en 30 años. Más de 200 bomberos trabajaron por tres días para liquidar las llamas, avivadas por el calor diurno y los vientos. Los 300 fuegos de la capital han acabado con 2.000 hectáreas de bosque, fauna silvestre y viviendas. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, los ha catalogado como actos criminales y terroristas. Por ahora hay un solo pirómano sospechoso detenido.
La tardía respuesta del Gobierno ha alcanzado un punto crítico en medio de una crisis energética causada por la grave sequía. El severo estiaje en los ríos que alimentan las hidroeléctricas ha provocado cortes de electricidad hasta de 14 horas diarias y obligado a racionar el agua potable en algunas localidades de la Sierra.
Las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno para combatir el fuego evidencian la poca preparación, pues llegan tras los 3.364 incendios de este año, que han dejado devastadoras pérdidas, especialmente en el sector rural y agrícola. La ministra de Ambiente ha señalado que solicitará cooperación internacional para capacitar personal en prevención; se firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior para prevenir y combatir delitos ambientales, con énfasis en los cometidos por el crimen organizado. Y la Fiscalía ha anunciado investigaciones para localizar a los responsables.
Brasil, sequía histórica en una Amazonia en llamas
Muestra de la furia de la naturaleza, hace tres meses este país continental afrontaba unas inundaciones brutales que anegaron un estado entero, Río Grande do Sul, y ahora sufre una gravísima ola de incendios que evidencia la falta de preparación de las autoridades para combatirlos. Brasil (con 206.000 focos y un 93% de aumento) también arde desde junio, cuando el Pantanal, el mayor humedal del mundo, dio la alerta de lo que se avecinaba porque la estación seca empieza cada año antes. En pocos días había miles de focos de fuego. La directora científica del IPAM recalca que extinguir fuegos debe ser la excepción, que la prioridad absoluta es prevenirlos. “Claro que hacen falta más brigadistas, pero nunca serán suficientes”, señala.
La Amazonia, la mayor selva tropical del mundo, sufre una ola peor que la que en 2019 indignó al mundo. En esa región, donde los ríos son el equivalente a las carreteras, la peor sequía en siete décadas afecta a un territorio como Italia. Causa graves problemas de suministros y transporte. Mientras, el humo cubre el 80% del territorio brasileño, la calidad del aire es pésima y uno de cada diez municipios decretó la situación de emergencia por unos fuegos que causado pérdidas económicas de 1.300 millones de reales (215 millones de euros).
Los expertos apuntan a que muchos de los fuegos son de origen criminal. A los que queman bosque tropical para crear pastos o cultivos, se han unido los que se quieren vengar de los inspectores ambientales y los que, a las puertas de las elecciones municipales de octubre, destruyen la selva amazónica como aperitivo de su programa de gobierno.
Bolivia, más ayuda internacional
Tres millones de hectáreas han ardido en Bolivia (74.000 focos, incremento del 373%) desde el inicio de la temporada de quemas provocadas. Los incendios más graves se concentran en el este, en la región de Chiquitania, fronteriza con Brasil. Los bomberos piden más ayuda internacional porque los medios resultan insuficientes pese a las aeronaves prestadas por Canadá y por la Unión Europea para descargar agua desde el cielo y el personal especializado enviado por España, Francia, Brasil y Venezuela. Tampoco existe una coordinación boliviana eficaz para frenar el avance de las llamas.
La persistencia de los fuegos revela que los agricultores siguen causándolos pese a la orden gubernamental que prohíbe las quemas controladas. Los campesinos culpan a los industriales de la soja y a los ganaderos, y viceversa. Las imágenes satelitales muestran fuego tanto en tierras ganaderas como agroindustriales y públicas. Las tierras pertenecientes al Estado son incendiadas para desforestarlas y facilitar su concesión a los agricultores recién llegados a la región.
El humo de Chiquitania, al este de Santa Cruz de la Sierra, ahoga y contamina la metrópoli desde hace meses. Esa región, que tiene una apreciada variedad de bosque seco que prende fácilmente, es hace años una zona de expansión agrícola. Cientos de familias han sido desplazadas por el fuego. Miles de personas han enfermado por el humo. El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas Roca, rompió en llanto esta semana durante una ceremonia local del municipio, devastado por la muerte de jaguares, armadillos y otros animales atrapados por las llamas.
Esta crisis también alimenta el antagonismo entre Santa Cruz y los Gobiernos bolivianos de izquierda, que han facilitado el desembarco de indígenas del occidente del país a las ricas tierras del oriente como parte de su política para ampliar el territorio cultivado.
Perú, 21 personas muertas
En comparación con los países vecinos, el fuego ha arrasado poco terreno en Perú, unas 5.000 hectáreas, pero se ha llevado por delante las vidas de 21 personas y de 400 animales. Cuando a mediados de septiembre, casi todo el territorio registraba una ola de incendios forestales que arrasó cultivos y bosque, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, insistía en considerar la situación normal: “No hay razones críticas para declarar un estado de emergencia (…) Son incendios naturales que forman parte de un proceso estacionario que todos los años se replica”. El Gobierno finalmente declaró el estado de emergencia por 60 días en las regiones más afectadas: Ucayali, San Martín y Amazonas.
Pero la declaración de Adrianzén hace dos semanas refleja la incapacidad de un Estado que ha reaccionado tardíamente a una crisis que también ha herido a 165 ciudadanos y ha dejado damnificados a 4.700 animales, incluidas especies endémicas y amenazadas como el mono choro de cola amarilla y el oso de anteojos. De los 361 incendios forestales registrados en esta temporada, 291 han sido extinguidos, 24 controlados y 46 se mantienen activos, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil. Las regiones más afectadas son la selva y la sierra, aunque en los últimos días se han declarado fuegos incontrolables al este de Lima.
La presidenta, Dina Boluarte, ha atribuido el desastre a los comuneros y ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación. “No es justo que personas con intención quemen hectáreas para luego, fácilmente, cuando todo está quemado, ingresar con maquinaria agrícola”, ha dicho la mandataria. Lo cierto es que los cuestionamientos se extienden a cambios a la Ley Forestal, aprobados por el Congreso en el 2023 y ante los que Boluarte guardó silencio, que eximen a las grandes empresas de presentar un informe técnico para probar que el suelo que planean deforestar es una zona agrícola y no forestal. De esta manera se abre la posibilidad de legalizar deforestación existente o nueva. Diversas organizaciones ambientales y federaciones indígenas exigen su derogación inmediata.
Venezuela, alivio gracias a ‘La Niña’
El pico de la crisis de incendios se vivió en Venezuela, en abril, aunque todavía se producen fuegos que demuestran lo precario de las infraestructuras para afrontar la temporada anual. Entonces, la llegada de las lluvias con el fenómeno de La Niña enfrió el preocupante escenario, un pico de focos detectado por la Nasa, que entre enero y marzo pasado contabilizó más de 20.000 focos de incendio, el nivel más alto para ese periodo desde que comenzaron los registros en 1999.
Algunos ecologistas venezolanos, como Erick Quiroga, señalaron entonces que eran los registros más altos en 155 años, desde “la gran humareda” de 1869, una extensa y documentada sequía. A principios de año, apagar las llamas en el parque nacional Henri Pittier, en la región central, requirió movilizar a 400 bomberos y helicópteros. Y en Uverito, una localidad en el oriente, las autoridades evacuaron a 315 familias de sus hogares debido a la amenaza del fuego.
Hace un par de semanas, solo la lluvia pudo sofocar un incendio en el valle del Mocotíes, en los Andes venezolanos, que los bomberos intentaron infructuosamente apagar durante dos días con pocos hombres y recursos. Consumió más de 60 hectáreas de bosque, siembras, mató animales, destruyó sistemas de riego y de agua potable y obligó a varias familias a abandonar sus casas ante el riesgo de que las llamas consumieran sus viviendas. La escena se repite cada año.
Argentina, acelerado agravamiento en Córdoba
Los fuegos se intensifican en Argentina. En la última semana, las llamas han devorado más de 47.000 hectáreas y quedan todavía varios focos activos en los que trabajan los bomberos, según la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La cifra total desde que arrancó el año se acerca a las 70.000. La provincia más afectada es Córdoba, en el centro del país. Allí el fuego ha arrasado una zona muy turística, la sierra de Punilla, y ha devorado decenas de viviendas.
Desde el punto de vista ambiental, la mayor pérdida ha sido en el parque provincial Chacani, una de las últimas áreas bien preservadas de lo que fue el gran bosque chaqueño, en Córdoba. Sus 5.000 hectáreas de ecosistema de llanura y montaña han quedado parcialmente quemadas.
Las autoridades provinciales han denunciado que casi todos los incendios fueron intencionales y hay 11 detenidos. La población cordobesa denuncia que tras estos incidentes existen intereses inmobiliarios para modificar el uso del suelo y poder desarrollar nuevos proyectos urbanísticos en esas áreas, un cambio que la ley prohíbe desde 2010.
El presidente, Javier Milei, sobrevoló en helicóptero este miércoles los montes afectados por las llamas. El mandatario evitó reunirse con los bomberos y vecinos que lo aguardaban en la zona y tampoco declaró la emergencia que permitiría destinar fondos extraordinarios al combate del fuego. La Subsecretaría de Ambiente y los parques nacionales tuvieron un recorte cercano al 40% en el primer semestre del año, según datos analizados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Fuente: EL PAÍS
