Las fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la madrugada del sábado la Embajada argentina en Caracas, en la que se encuentran refugiados seis asesores de campaña de la principal líder de la oposición, María Corina Machado. En otras ocasiones, las autoridades habían cortado la luz y mostrado una actitud amenazante frente a la sede diplomática, pero nunca habían desplegado un operativo de este tamaño que todavía continúa activo este domingo. Se temía que en cualquier momento la policía entrase en el edificio y se llevara por la fuerza a los asesores, como hicieron los funcionarios ecuatorianos en abril, cuando asaltaron la Embajada de México en Quito y detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas.
El Gobierno de Nicolás Maduro, horas después, anunció que le revocaba a Brasil el beneplácito de ejercer la representación argentina en Venezuela, que venía ejerciendo desde el 1 de agosto, cuando se rompieron las relaciones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei y se ordenó la expulsión de todo el personal diplomático. Los refugiados estaban a punto de quedar en el limbo, a merced de la justicia chavista que les acusa de terrorismo, cuando Luiz Inácio Lula da Silva medió. Era un momento en el que había mayores expectativas de que las gestiones de las potencias de izquierda de América Latina —Brasil, Colombia y México— pudieran sentar en la mesa a negociar a Maduro tras la crisis desatada en Venezuela por la cuestionada proclamación del líder chavista sin haber presentado las pruebas de los resultados.
El Gobierno venezolano asegura que se ve “obligado” a tomar esta decisión por las pruebas que supuestamente tiene de que la embajada se está usando para “la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una vez oficializada la revocación, el Ministerio de Exteriores de Brasil ha respondido en una nota que recibe “con sorpresa” la decisión de las autoridades chavistas, informa Naiara Galarraga Gortázar desde São Paulo. Añade la cancillería que, de acuerdo a la Convención de Viena, “Brasil mantendrá la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el Gobierno argentino indique otro Estado que el Gobierno venezolano considere aceptable para ejercer las funciones mencionadas”. El Gobierno de Lula también advierte al de Maduro ante la tentación de asaltar la legación para detener a los colaboradores de Machado al subrayar “la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos”. La bandera de Brasil seguía ondeando esta mañana en la Embajada argentina.
Argentina asistió de madrugada atónita a lo que ocurría en los alrededores de su embajada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en declaraciones a los medios que el Sebin, el servicio secreto venezolano, cerca el edificio “con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales”. “Estamos consternados con lo que está sucediendo, la posible incursión y toma de la embajada argentina, que en este momento está bajo la bandera de Brasil. (…). Este es un llamado a toda la comunidad internacional, a todos los venezolanos, a resistir esta brutalidad del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Maduro. Estamos los argentinos absolutamente decididos a no dejar arrebatar ni que haya una intromisión a nuestra embajada”, dijo Bullrich.
El Gobierno de Argentina emitió el sábado un comunicado en el que agradecía a Brasil su mediación y le recordó al Gobierno chavista que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones. “Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional. Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”, señala ese texto.
Los propios refugiados fueron los primeros en dar la voz alarma. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela —el partido de Machado—, denunció pasadas las ocho de la noche la situación a través de su cuenta en la red social X. “Patrullas del Sebin y del DAET [Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía], junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas”, escribió Urruchurtu. Los funcionarios también cortaron el suministro eléctrico de la sede diplomática, como en ocasiones anteriores. Tres horas después del primer mensaje, Urruchurtu advertía la llegada de más policías.
Además de Urruchurtu, también se encuentran dentro Magalli Meda, jefa de campaña para las presidenciales y mano derecha de Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Vente Venezuela; Omar González, exdiputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando; y el exministro Fernando Martínez Mottola. Todos ellos han sido estrategas importantes en la campaña de la oposición pese a estar recluidos. Ahora corresponde a Buenos Aires designar otro país que asuma su representación diplomática en Venezuela, cuyas autoridades deben dar el visto bueno, según establece la legislación internacional.
El presidente Lula insistió el viernes, una vez más, en que Maduro debe probar que ganó las elecciones. “Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante”, declaró Lula en una entrevista en una radio. El asedio de las fuerzas de seguridad llega justo después de que Javier Milei pidiera al Tribunal Penal Internacional (TPI) que girara una orden de arresto “contra Maduro y otros cabecillas del régimen”, atendiendo a la investigación que se cursa en ese órgano judicial y el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela después de las elecciones. Argentina se había retirado de la demanda del TPI en 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández. Uruguay también se ha sumado a la causa que investiga los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Una treintena de expresidentes de América Latina y España también han consignado una carta en La Haya, sede del TPI, en la que pidieron al fiscal Karim Khan que emitiera órdenes de captura contra Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, recién nombrado ministro de Interior y Justicia. Entre los firmantes están los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
En estos casi 40 días tras las elecciones, Maduro apenas ha dado muestras de querer sentarse a negociar con la oposición, Estados Unidos y otros países afines ideológicamente para buscar una salida a esta crisis. El chavismo asegura que ha ganado las elecciones, pero muy pocos creen que eso sea cierto, puesto que no han sido publicados los resultados detallados. En este tiempo, las autoridades han detenido a miles de opositores y activistas que han denunciado el fraude electoral y ahora amenazan con asaltar la embajada de Argentina, lo que sería un desafío más a las leyes internacionales.
Fuente: EL PAÍS
