Javier Milei ha restringido el acceso a la información pública, en un nuevo movimiento de la guerra que libra contra el periodismo. En sus primeros nueve meses como presidente de Argentina, el dirigente ultraderechista se ha negado a realizar ruedas de prensa y ha acusado a los periodistas de mentir sobre su Gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ahora, a través de un decreto presidencial, impide que accedan a aquellos datos que considere de índole privada. Queda guardado así bajo siete llaves el costo de la construcción de los caniles para los perros de Milei en la quinta presidencial de Olivos, pero también toda aquella información que el Gobierno evalúe que no reviste interés público.
El decreto presidencial publicado el lunes modifica la Ley de acceso a la información pública aprobada en 2016. Amplía de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía y establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
La sociedad civil argentina denuncia que la medida supone una regresión en materia de transparencia y de acceso a la información. Más de 60 organizaciones advirtieron este martes en un comunicado que al otorgar a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué información es considerada de interés público y cuál queda en la esfera privada, los protege del escrutinio público, debilitando los estándares internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. La Asociación de entidades periodistícas argentinas (Adepa) anticipó que la nueva normativa puede ser inconstitucional y afirmó que la extensión del secreto “más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades”.
De haber estado vigente esa normativa durante el mandato del peronista Alberto Fernández, el cumpleaños que la entonces primera dama, Fabiola Yañez, celebró en plena pandemia de covid-19 habría permanecido en secreto. La lista de visitantes a la residencia presidencial, obtenida por consultas periodísticas de acceso a la información, fue la primera pista del que se convirtió en uno de los grandes escándalos del gobierno de Fernández.
“Mentirosos” y “extorsionadores”
La restricción impuesta por un presidente que se define como “liberal libertario” va en línea con sus ataques previos a los medios de comunicación. Desde que asumió, ha acusado en reiteradas ocasiones a la prensa de mentir sobre su gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ha llamado a los periodistas “mentirosos”, “corruptos”, “esbirros” y “extorsionadores” e incluso ha señalado con nombre y apellido a los que le critican: la lista de enemigos públicos es larga y se cuenta ya por decenas.
Para Milei, los periodistas forman parte de “la casta” a la que prometió combatir con el beneplácito de su electorado. “Lo que me interesa mostrar de todo esto es que le quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”, subrayó el presidente argentina en su última entrevista televisiva, difundida el domingo. Según Milei, la libertad de prensa sólo sobrevive en las redes sociales, su canal de comunicación favorito.
En la misma entrevista, consultado sobre la posibilidad de que brinde una rueda de prensa, Milei propuso que los periodistas que le pregunten “presenten una declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”. Esa condición para acceder a las conferencias gubernamentales chocaría con el derecho constitucional de la libertad de prensa. El mismo problema presenta la exigencia de una matrícula para ejercer el oficio, un requisito que el gobierno quiso reponer pero del que desistió casi de inmediato. La pretensión de crear una “sala de prensa de élite” en la sede del Gobierno argentino, de acceso limitado a reporteros “de fuste, con experiencia y de medios altamente reconocidos” también quedó en el aire, pero todos estos intentos frustrados muestran la voluntad del Gobierno por poner límites a los medios.
La negativa de Milei a presentarse frente a los periodistas —tarea que delega en su portavoz, Manuel Adorni— lo asemeja a la peronista Cristina Kirchner, quien también arremetió con dureza contra el periodismo crítico durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015). A diferencia de ella, sin embargo, Milei ha optado por desfinanciar y recortar los medios públicos. Sólo llegar al poder, anunció el cese de la publicidad oficial por al menos un año. Poco después, desmanteló la agencia pública de noticias Télam, la más grande de Latinoamérica y equivalente en España a la Agencia EFE, y redujo de forma drástica la financiación de la radio y la televisión pública, que espera privatizar cuando obtenga la autorización del Congreso.
Fuente: EL PAÍS
