Las clases debían recomenzar esta semana en las universidades argentinas, después del receso de invierno, pero lo que comenzó es un nuevo conflicto para el Gobierno de Javier Milei. Los sueldos de los profesores universitarios están entre los más afectados por el ajuste que está aplicando el presidente ultraderechista sobre la administración pública y todos los sindicatos que representan a los docentes del nivel superior convocaron a una huelga y otras medidas de fuerza desde este lunes para exigir un aumento urgente.
“Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal”, alertó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades académicas del país. “Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables.”
El sistema de universidades públicas nacionales cuenta con unos 150.000 profesores. La escala salarial varía según el rango y la dedicación. El llamado “cargo testigo”, un docente que es jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva, tiene una carga de 20 horas semanales de trabajo y cobra 360.318 pesos (376 dólares, al cambio oficial). El mismo docente pero con dedicación exclusiva (40 horas) percibe 720.636 pesos (752 dólares).
“Desde que asumió Milei, llevamos perdido casi un 50% de nuestros salarios. Cada vez estamos peor frente a la inflación y no hay ninguna propuesta del Gobierno para solucionarlo”, explica Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), uno de los sindicatos nacionales del sector. “Estamos en niveles salariales más bajos que en 2001″, compara con la gran crisis económica que llevó a la Argentina a tener 5 presidentes en 11 días.
El Frente Sindical de Universidades, que agrupa a los gremios de profesores y de trabajadores no docentes, llamó a no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre, que debía empezar esta semana. Algunos sindicatos paran solo 24 horas este lunes, otros extienden la huelga por 72 horas hasta el miércoles, mientras que ya hay nuevas medidas de fuerza convocadas para la próxima semana. “No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos”, es una de las consignas de la huelga.
La motosierra aplicada por el Ejecutivo sobre el gasto público redujo un 31% los fondos destinados a las universidades nacionales respecto del año anterior —en términos reales—, un recorte 3 puntos por encima del total del Estado nacional, de acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La mayor parte del presupuesto universitario, entre el 80 y el 90% según las casas de estudios, se destina a sueldos.
El Ministerio de Capital Humano, la cartera que tiene bajo su órbita al sistema educativo, respondió a la huelga docente argumentando que “todos los sectores de la sociedad están poniendo el hombro” y que “de diciembre a julio el aumento del sueldo del personal de las universidades nacionales es superior a la pauta establecida para los salarios del Estado nacional, en igual lapso. Así, los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71% mientras que los empleados del Estado un 58,5%”, sostuvo a través de un comunicado.
Como señalaron los sindicatos y las autoridades universitarias, el incremento salarial otorgado implica, en los hechos, un recorte ante índices inflacionarios que, durante el mismo período, superaron el 120%. La Secretaría de Educación anunció el viernes aumentos del 3 y del 2% para agosto y septiembre. Los dirigentes sindicales rechazaron por “insuficiente” el aumento, pero de todos modos será instrumentado por el Gobierno. “El anuncio generó un clima pésimo entre los docentes”, dice Ricci, “no sólo no se van a recuperar nuestros sueldos sino que además en los próximos dos meses vamos a estar peor”.
Los rectores de las universidades están apoyando el reclamo de docentes y no docentes. “La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica”, señaló el CIN, “con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad”. Hasta fin de 2023 regía un sistema de garantía salarial: se trataba de una compensación para los profesores que cobraban un salario inferior al sueldo mínimo acordado en la llamada “paritaria nacional docente”, la instancia de negociación entre el Gobierno y los sindicatos que representan a los maestros de escuelas de todo el país. Como la administración de Milei suspendió esa paritaria, la garantía salarial dejó de existir.
La tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria tuvo una primera expresión en abril pasado, cuando miles de personas marcharon en las principales ciudades del país para rechazar el recorte de los fondos para funcionamiento de las casas de estudios. Pese a que no cedió en lo discursivo, el Ejecutivo terminó retrocediendo y destrabó el envío de recursos. El actual conflicto por los salarios de los profesores emerge como la segunda manifestación de la misma pulseada. Rectores, profesores, estudiantes y no docentes ya analizan organizar una nueva marcha universitaria, para mediados de septiembre.
Fuente: EL PAÍS
