La crisis venezolana entra en un callejón desconocido, incluso para el país caribeño. La ausencia de resultados oficiales verificables una semana después de las muy concurridas elecciones presidenciales del 28 de julio ha abierto la compuerta para que el chavismo muestre su lado más represivo en medio de sospechas de fraude. La oposición se defiende como puede, con su fortaleza organizativa mermada ante la persecución que está sufriendo. Al publicar en Internet las actas que lograron reunir sus testigos, un elemento clave en esta historia, el mundo entero, desde periodistas, expertos en datos, observadores internacionales como el Centro Carter, han hecho análisis propios que ponen en duda el veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio por ganador a Nicolás Maduro.
La comunidad internacional, con Estados Unidos por un lado, y Brasil, México y Colombia por el otro, intentan mediar sin saber bien cómo. Incluso tradicionales aliados del chavismo, como Cristina Fernández de Kirchner, han pedido “por el legado de Chávez” la publicación de las actas. Al mismo tiempo, crece una corriente de chavistas disidentes, cercanos al fallecido líder bolivariano, que se están enfrentando a Maduro. Si hace una semana las apuestas estaban puestas en las elecciones presidenciales como salida al ya prolongado conflicto venezolano, ahora es difícil vislumbrar adónde llevará el camino que la crisis ha tomado.
El Gobierno ha desatado una persecución abierta, televisada y de inédita violencia contra los manifestantes, dirigentes políticos, activistas y, por supuesto, contra las cabezas de la dirigencia opositora, María Corina Machado, el candidato Edmundo González y los líderes de la Plataforma Unitaria. La policía y los servicios de inteligencia están de cacería en la calle con la llamada “Operación Tun Tun”, con la que el Estado ha desplegado una intensa propaganda que advierte cómo las fuerzas de seguridad tocarán a las puertas de las casas de los venezolanos para detenerlos. El terror es parte de la programación impuesta en las redes sociales, donde la gente ha cambiado sus fotos de perfil y sus señas y borrado mensajes pasados que pueden parecer críticos. La gente ha dejado de hablar.
La Fiscalía dice que ha detenido a más de 1.200 personas en apenas una semana. Otras fuentes elevan la cifra a 2.000. Son números que superan por mucho a los de 2017, cuando se registraron cuatro meses de manifestaciones. La ONG Foro Penal ha confirmado que hay entre los detenidos al menos 80 adolescentes. En televisión, Maduro, el fiscal Tarek William Saab y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, los han expuesto como criminales. La tesis recurrente del chavismo es que son jóvenes migrantes que fueron captados y entrenados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú para generar violencia durante las protestas.
La oposición parece no tener más opciones que defenderse, limitando su exposición y las apariciones públicas —como ya ha hecho el candidato Edmundo González, de 74 años, que no acudió a la marcha del sábado—, mientras atiende centenares de detenciones de sus colaboradores y allanamientos de sus viviendas. La estrategia, según diversas fuentes, pasa ahora por insistir en la publicación de las actas y en denunciar la violación a los derechos humanos.
Los resortes para mover la crisis venezolana parecen estar únicamente del lado de la comunidad internacional, que busca una salida al nuevo conflicto. Después de una larga trayectoria de negociaciones a cuestas que han quedado a la deriva, desde Doha hasta Barbados y pasando por México, no está claro si es posible negociar con Maduro y su cúpula. Está previsto que esta semana Colombia, Brasil y México avancen en su plan para lograr una salida. No se descarta incluso una reunión de cancilleres en Venezuela, que solo se daría si hay garantías de avances. El plan de las tres potencias de izquierda en América Latina pasa por una verificación “imparcial” de las actas y un diálogo entre Maduro y Edmundo González sin el protagonismo de María Corina Machado, algo que rechaza gran parte de la oposición.
Maduro ha llevado el conflicto sobre los resultados a un terreno seguro, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo. Esto parecía prepararse desde inicios del año, cuando se hicieron cambios en la composición de los magistrados que lo conforman. La presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, pasó a presidir el máximo tribunal a pesar de no tener una carrera judicial. Rodríguez era militante activa del PSUV hasta 2021, cuando arengaba a participar en las primarias del partido para escoger a los candidatos regionales. Como vicepresidente, se puso al magistrado Edgar Gavidia, hermano del exesposo de la primera dama Cilia Flores. La que fue diputada por el chavismo y luego rectora del CNE por 15 años, Tania D’Amelio, también fue incorporada a estas filas, según investigaciones de la ONG Acceso a la Justicia.
Para que el problema con las actas de resultados llegara al Supremo, la principal autoridad electoral, Elvis Amoroso, amigo cercano de la pareja presidencial, guardó silencio durante casi cinco días. El viernes dio nuevas cifras que siguen sin aclarar lo sucedido. La semana después de las elecciones, el Consejo nacional Electoral ha permanecido cerrado. Una supuesta conspiración, orquestada por opositores en el exilio desde Macedonia del Norte, para atacar el sistema automatizado del CNE durante la transmisión de los votos, es el argumento en el que se apoyan para no mostrar los resultados. Por ello, tampoco celebraron las auditorías posteriores a los comicios establecidas por la ley, incluida la de telecomunicaciones, que permitiría desentrañar lo ocurrido durante la supuesta interrupción en la transmisión de los votos que se hizo a través de una comunicación encriptada a cargo de la operadora estatal Cantv.
Tras convocar a los candidatos presidenciales para solicitar las actas recopiladas, el Supremo dio finalmente al CNE un plazo de 72 horas. La oposición publicó unas 25.000 actas de las 30.000 de la noche del 28 de julio. Las máquinas imprimen copias para cada testigo y también para cada caja que conserva las papeletas de los votos y que quedan a resguardo de la autoridad electoral. La entrega de los datos que tiene el CNE debería producirse este lunes.
Fuente: EL PAÍS
