La gobernación este viernes denunció un derrame de relaves mineros, en el río San Juan del Oro, de una empresa dedicada a la explotación de oro y que afectará a Tarija, a pesar de que el hecho se dio en territorio potosino.
De inmediato el hecho movilizó a las autoridades, no solamente de la gobernación, sino también de los municipios de Tarija Yunchará y El Puente, como los alcaldes y subgobernadores que analizaban el problema ambiental suscitado.
“La cooperativa minera aurífera se llama, ‘Azulejos de Esmoraca’”, confirmó el Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez, al indicar que el lugar se encuentra 150 kilómetros al sur de Tupiza, Potosí.
El emplazamiento de esta actividad minera está en medio del río, apuntó el funcionario al cuestionar que no puede darse este tipo de actividades en medio del río, como está visto. El derrame de los relaves se dio el 24 de julio.
“Esta actividad debería estar fuera del río si es que tuviese una licencia ambiental”, expresó al informar que en el satélite confirmaron que la empresa efectúa su trabajo a lo largo de un kilómetro de distancia, dentro del lecho del río.
La empresa construyó varias piscinas dentro la cuenca, seguramente para la explotación de oro, sin embargo, se rompieron ocasionando el derrame que contamina todo a su paso y que bajó hacia el municipio de Yunchará, por donde se extiende el río.
El secretario mostró recipientes con agua amarillenta y dijo que fue tomada del río tras el derrame, en cuatro comunidades, el agua se envió a laboratorio especializado para tener datos precisos del grado de contaminación.
Rivera recordó que de acuerdo a estudios anteriores el agua de este río ya estaba contaminado en la categoría “D”, ahora al ser la empresa aurífera, seguramente hay restos de mercurio que generarán más problemas en la salud pública, el agro y el ganado.
También recordó las reiteradas denuncias de contaminación en el río Pilcomayo, ahora en el San Juan del Oro, en zonas de otro departamento, aunque las consecuencias son para las poblaciones aguas abajo como en este caso.
LOS DATOS
El funcionario aseguró que de forma inmediata activaron el protocolo, tras la denuncia de derrame y se formó una comisión de fiscalización in situ (en el sitio) que se desplazó al lugar de los hechos encabezados por los gobernadores.
Rivera aseguró que como afectados se constituirán en demandantes contra la empresa, inicialmente una demanda administrativa por el daño económico, por la afectación a la producción agropecuaria y la salud pública, obviamente corresponde otro proceso penal.
Enviaron notas a la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) a los Ministerios de Medio Ambiente, Minería, a la comisión del Senado, “para sentar precedente, de una sola vez”.
Fuente: EL PERIÓDICO
