La defensa de Morales, liderada por Wilfredo Chávez, señala que la inhabilitación le causó a Evo un daño económico, lucro cesante y daños inmateriales; es decir, traumas o daños emocionales.
El expresidente y actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, solicitó a la justicia que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le pague 1,9 millones como resarcimiento por haberlo inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020.
“Solicitamos respetuosamente se proceda a la calificación y consecuente indemnización económica a favor de Juan Evo Morales Ayma por un total de Bs 1.912.933,59 (Un millón novecientos doce mil novecientos treinta y tres) por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el Tribunal Supremo Electoral”, señala la demanda presentada por el abogado de Morales, Wilfredo Chávez, según documento que fue revelado por Unitel y otros medios.
El dirigente cocalero argumentó que esta inhabilitación le causó un daño económico, lucro cesante y daños inmateriales; es decir, traumas o daños emocionales.
El representante legal de Morales argumenta que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021, declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica.
En aquel entonces Morales descartó cobrar la indemnización por su inhabilitación y dijo que solo le interesaba “saber quién dio la orden” para su inhabilitación.
“Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos”, escribió Morales en sus redes sociales el 17 de marzo de 2022.
Sin embargo, ahora la defensa de Morales presentó una “solicitud del daño consecuente” y señala que la pérdida y los gastos están cerca de Bs 2 millones.
Por su parte, la Sala Constitucional Segunda de La Paz habilitó un periodo de prueba de 10 días para que la parte accionante pueda demostrar la “pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra”, además de los gastos que efectuó y otros.
Hasta ahora, ni Morales ni su equipo jurídico se pronunció al respecto.
Fuente: OXÍGENO.BO
