Los bloqueos de carretera se levantan con la esperanza de llegar a acuerdos con el Gobierno. El descontento por el paquete de normas propuesto desde el ejecutivo mantiene la amenaza de nuevas protestas sociales
Comerciantes minoristas de diversos gremios agrupados en la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), juntas vecinales, entre otras organizaciones sociales, salieron en marchas de protestas en cinco ciudades capitales del país, en contra de un paquete de normas que, según los sectores movilizados, buscan poner en vigencia algunos artículos de la abrogada Ley 1386 “contra la legitimación de ganancias ilícitas”.
El sector transporte, con sus demandas por la falta de dólares y combustible, también salieron a protestar. En Santa Cruz, realizaron una caravana hasta las instalaciones de Aduana Nacional. Más contundente fue la medida en Oruro y La Paz, donde bloquearon las rutas e impidieron el tránsito regular de buses.
Sin embargo, a última hora del lunes, Oruro levantó los bloqueos ante la posibilidad real de concretar acuerdos parciales con el Gobierno. Dos de las cinco demandas planteadas (destitución de funcionarios de Aduana y anulación de resoluciones) fueron atendidas. Resta por resolver los pedidos sobre abastecimiento de diésel, acceso a dólares y alivio en medidas impositivas.
El sector gremial exige la abrogación del Decreto Supremo 4732. La norma habilita al Ministerio de Justicia para controlar y certificar todo contrato de compra y venta de bienes inmuebles. También exigen la anulación del proyecto de ley 145 que le da más tuición a la Aduana para decomisar mercadería que considere ilegal.
Para este martes, los gremiales anuncian marchas en La Paz, Sucre y Potosí; en tanto que el jueves 23 de mayo, las protestas serán en Santa Cruz y Oruro, informó a EL DEBER el dirigente gremial Toño Siñani.
“Vemos que se trata de un paquetazo de leyes que están armando en sustitución de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Por ejemplo, el proyecto de ley 1455 le da tuición a la Aduana para entrarse a las casas y negocios sin ningún requerimiento fiscal. Mucho más nos preocupa que nos estén fiscalizando quién compra casa con el Decreto 4732”, dijo Siñani a este medio.
En tanto, una de las federaciones de juntas vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, se declaró en estado de emergencia contra el Decreto 4732 porque es “atentatorio contra la población boliviana” ya que la norma fue impuesta sin ninguna socialización.
“Cómo es posible que nos pidan certificación del Ministerio de Justicia, permisos para vender o para comprar terrenos o nuestras casas. Cómo es posible que se quieran entrometer en nuestros asuntos personales”, protestó el dirigente vecinal Juan Saucedo.
En tanto, el dirigente gremial, Siñani, anunció que si el Gobierno atiende sus pedidos, definirán medidas más extremas como una huelga general indefinida.
¿Qué dice el Gobierno?
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que tras dos años de vigencia del Decreto 4732, esta norma no obliga a informar al Estado sobre las actividades comerciales de bienes raíces. En este tiempo, prosigue Silva, ningún ciudadano boliviano fue al Ministerio de Justicia o a su cartera para pedir permiso para vender o comprar un bien inmueble.
La autoridad afirmó que tras estas movilizaciones están los radicales del MAS y la oposición.
“El Decreto 4732 está orientado a proteger a la población boliviana que pueda adquirir un bien inmueble bajo la modalidad de la preventa. Este decreto ha sido utilizado políticamente como bandera por parte de la oposición y la bancada de radicales del MAS. Eso es absolutamente falso”, dijo Silva.
Desde el Chapare, el Pacto de Unidad evista exigió también la abrogación del Decreto 4732, además de los decretos 4910 y 4911 que prohíben la venta de combustibles en bidones y regulan el manejo de sustancias controladas, respectivamente.
Fuente: EL DEBER
