El reciente escándalo que involucra a un colegio de Tarija, hizo que los profesores reconozcan que también suelen ser objeto de ataques. Piden a los padres ser más activos en la formación de los menores
Esta semana salió a la luz una denuncia contra estudiantes del colegio La Salle, quienes adulteraron fotografías de sus compañeras y las convirtieron en imágenes pornográficas. Para autoridades y maestros este tipo de situaciones son resultados de las deficiencias de las clases virtuales, además de una ausencia de los padres y madres de familia en el proceso educativo.
Este hecho ha puesto nuevamente en debate cuál debería ser el protocolo o los niveles de sanción contra los estudiantes dentro de las escuelas o incluso en lo judicial, cuando lo amerite.
Límites
La ejecutiva del Magisterio Urbano, Irma Ríos, habló sobre el tema y confesó que la formación de valores relacionados a la disciplina es un punto débil en la educación. A ello se suma el uso no supervisado de la tecnología, que ha derivado a que algunos estudiantes agredan no solo a sus pares, sino también a sus profesores.
“Con las clases virtuales en 2020, la tecnología nos ha pillado en curva y no estábamos preparados para manejar varios programas. En las clases se veía tantas cosas, se hacían la burla de maestros, circulaban videos. Ya pasaba el punto de divertido a otro nivel. Había una pérdida de respeto total. La mejora educativa no es solo conocimiento, sino también emocional. Nos damos cuenta que ahora vemos los frutos”, lamentó.
La dirigente, que es maestra de la Unidad Educativa Eulogio Ruíz, agregó que sus colegas se sienten limitados a la hora de hacer cumplir normas mínimas que permitan el avance de las materias. Eso lo atribuyó, en gran parte, a que hay una carencia de educación en el hogar.
Normas
A nivel nacional existen leyes y disposiciones que ordenan a las autoridades educativas aplicar planes de convivencia pacífica, también hay normativa municipal e incluso funciona la Unidad de Prevención, dependiente de la Secretaría de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, todas las iniciativas apuntan a la importancia de la participación de toda la comunidad educativa: autoridades, padres, madres, estudiantes, maestros y sociedad en general.
“Cuando hay un cambio de paralelo, por ejemplo, a veces los papás van a renegar con los directores o profesores, (pero) cuando llamamos a asambleas a fin de semestre para evaluar, no tenemos respuesta. Peor si se dice talleres o cursos de padres. Se entiende la necesidad económica y el trabajo, pero hay tantos temas para charlar y no vamos a erradicar la violencia si no nos unimos”, añadió Ríos.
El responsable de la Unidad de Prevención, Samuel Fernández, explicó que en el municipio su equipo visitó en 2024 a unas 15 escuelas.
La tarea de prevención consiste en verificar que cada colegio cuente con su plan de convivencia pacífica, que sea acordado entre todos los actores y con eso se puede elegir temáticas a tratar en talleres, como embarazo adolescente, bullying o consumo de alcohol y drogas.
“Cuando son talleres dirigidos a estudiantes o maestros, están el cien por ciento porque son en hora de clases. Con los padres tenemos que llamar a asamblea y asiste un 60 o 70 por ciento. No vemos en todos el compromiso”, refirió.
Metas
La Unidad de Prevención destacó la importancia del plan de convivencia, que debe estar adaptado a cada escuela en particular. Ese documento sirve como fuente de consulta para resolver conflictos, para orientar contenidos extras e incluso para obtener convenios con la alcaldía y ONG especializadas en temas específicos.
Actividades deportivas o musicales como opción
Irma Ríos se refirió a su rol como madre y maestra, al señalar que cuando se reúne con los tutores de sus estudiantes uno de sus principales consejos es darles una ocupación, que sea algo que disfruten en el tiempo libre que les quede luego de cumplir con sus responsabilidades.
Para ello, los gobiernos municipales, juntas de padres y la dirigencia vecinal, deben garantizar los espacios, como canchas, escuelas de músicas o áreas verdes, que resulten accesibles para quienes no puedan pagar clases particulares, pero que al mismo tiempo sean seguros para los menores de edad.
Fuente: EL PAÍS
