La Cámara de Senadores postergó este miércoles la aprobación de los proyectos de ley 320, 321 y 322, relacionados a contratos de servicios petroleros suscritos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. por falta de información y estudios complementarios.
“Existiendo la mayoría de los votos, queda aprobada la moción de aplazamiento de los proyectos de ley 320, 321 y 322, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, luego que se sometió a votación.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Miguel Pérez solicitó que se ponga en consideración la moción de aplazamiento en el tratamiento de los tres proyectos normativos, porque se evidenció contradicciones en la explicación que brindó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, esa petición fue respaldada por los oficialistas y opositores.
Molina se presentó ante el pleno del senado para explicar los alcances de los tres proyectos. El primero se refiere al área Sayurenda, localizada en Tarija. Prevé una inversión $us 57,4 millones, una producción de 35,5 billones de pies cúbicos (BCF por su sigla en inglés) de recursos recuperables y 2,8 millones de barriles (MMBBL) y una renta petrolera por $us 162,3 millones.
El segundo contrato se desarrollará en la zona Caraidanti, ubicada en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. La multinacional Vintage ejecutará $us 194 millones de inversión, proyecta la producción de 163,1 billones de pies cúbicos y 10,9 billones de barriles, además de una renta de $us 650,9 millones.
El tercer contrato corresponde al área Yuarenda, ubicada en Tarija, donde se prevé una inversión de $us 252 millones, con una producción de 171,3 billones de pies cúbicos y 12,80 billones de barriles. Asimismo, se calcula ingresos económicos por $us 701,1 millones. Los tres proyectos fueron suscritos el 20 de enero del año en curso.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena y de Creemos Julio Romaña denunciaron que los proyectos no fueron remitidos por la presidencia de la Cámara Alta a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente para que sean analizados.
A la vez, Requena cuestionó que no se haya incorporado el estudio de impacto ambiental en las regiones y la consulta previa a los pueblos indígenas, que están asentados cerca del lugar de exploración gasífera.
Por su parte, su colega Nelly Gallo criticó la falta de información por parte del Ministerio de Hidrocarburos cuando solicitan conocer las reservas de gas que tiene el país. Además, mencionó la existencia de contratos confidenciales entre el estado y las empresas privadas.
“Es importante tener claridad en la información, lamentablemente hay una serie de decretos supremos, resoluciones y contratos de confidencialidad entre YPFB y las empresas que realizan la exploración. Cuando hacemos una Petición de Informe Escrito (PIE) nos dicen que revisemos la página web, cuando lo hacemos no hay información porque no les da la gana de actualizar”, manifestó.
