Los adolescentes que cometen delitos graves como feminicidio y asesinato enfrentan una pena máxima de seis años de privación de libertad, en contraste con un adulto, mayor de 18 años, que, por cometer el mismo crimen, sería condenado a una pena de 30 años.
Recientes casos han generado una profunda inquietud en la sociedad boliviana, en particular aquellos que implican a adolescentes que han perpetrado delitos graves, como el feminicidio. Esta situación ha desencadenado una alarma generalizada.
El caso de Ángela, una adolescente, de 15 años, cuyo feminicidio fue planificado, involucra a dos adolescentes, de 16 años, Dagner y Richard, quienes eran compañeros de colegio. El descubrimiento del cadáver de Ángela el 18 de septiembre en Achacachi, La Paz, conmocionó a la comunidad.
Dagner admitió su culpabilidad y aceptó un proceso abreviado que resultó en una sentencia de seis años en el Centro de Rehabilitación del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz. Por su parte, Richard, a pesar de las evidencias presentadas por su compañero, negó su participación y fue detenido de manera preventiva durante tres meses, mientras continúan las investigaciones.
El padre de Ángela, Roberto Q., considera que la pena impuesta a Dagner es insuficiente y se siente consternado por cómo alguien que ha confesado su responsabilidad en un feminicidio puede recibir solo seis años de privación de libertad. Esta situación se debe a que Dagner no ha alcanzado la mayoría de edad y, por lo tanto, está siendo juzgado de acuerdo con un marco legal diferenciado en comparación con un adulto, mayor de 18 años, quien podría enfrentar una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por el mismo delito.
Dagner, al igual que otros adolescentes de entre 16 y 17 años, está siendo sancionado en virtud de la Ley 548 (Código Niño, Niña y Adolescente). Esta ley establece que “la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma”. Además, la ley señala que para delitos castigados con penas de 15 o 30 años de privación de libertad, la sanción se cumplirá en un centro especializado en lugar de una cárcel. Para delitos cuya sanción máxima sea de 15 años, se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad y en libertad.
Además, el artículo 269 de esta ley establece que los adolescentes menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal.
Este no es el primer caso en el que se cuestiona la imposición de penas consideradas “mínimas” a adolescentes que podrían salir de los centros de rehabilitación entre los 21 y 23 años, lo que genera preocupación sobre su potencial riesgo para la sociedad.
Para Roberto Q., los perpetradores del feminicidio de su hija Ángela deberían ser tratados como adultos, especialmente dado que el crimen fue planificado por ambos adolescentes y se cometió con una brutalidad extrema y sin remordimiento.
Después del descubrimiento del cuerpo de Ángela, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Achacachi inició una investigación que involucró la citación de varios amigos y compañeros, incluyendo a Dagner y Richard, quienes habían tenido relaciones sentimentales con la víctima en algún momento. Inicialmente, ambos negaron cualquier implicación en el crimen, a pesar de que un testigo afirmó haberlos visto cerca del estadio de Achacachi con la adolescente.
Finalmente, Dagner confesó que el feminicidio de Ángela había sido premeditado días antes del crimen. El día de los hechos, Richard convenció a la adolescente de compartir bebidas alcohólicas cerca del estadio, mientras que Dagner la llevó a un lugar apartado donde ocurrió el feminicidio. Este adolescente no solo confesó el crimen, sino que también llevó a los investigadores al lugar donde había ocultado el arma punzocortante utilizada en el asesinato, que estaba escondida bajo piedras a unos 250 metros del lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima.
El celular de la víctima fue hallado en la vivienda de uno de los acusados. La adolescente falleció debido a un shock hipovolémico y presentaba ocho heridas punzocortantes en su cuerpo, así como una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuello.
En repetidas ocasiones, diversas instituciones y colectivos, como Voces Libres y Mujeres de Fuego, han instado a que los adolescentes mayores de 15 años puedan ser juzgados como adultos en casos de feminicidios, asesinatos y violaciones, argumentando que algunos jóvenes han reincidido en crímenes después de salir de centros de rehabilitación.
Fuente: OPINIÓN
