El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Rómulo Calvo Bravo, de 50 años de edad, es autor del delito de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, por la expropiación irregular de terrenos en la zona del Plan 3.000 de la capital cruceña en la gestión 2002, por ello, el Juzgado Nº 3º de Sentencia determinó cuatro años de cárcel.
En este mismo caso, la juez emitió sentencia de cinco años de privación de libertad para el exalcalde de Santa Cruz, Roberto Fernández Saucedo, de 55 años de edad, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, mientras que los otros coacusados fueron absueltos debido que no se encontraron suficientes elementos en su contra.
“Como Ministerio Público se colectaron todos los elementos que comprueban que Calvo y Fernández cometieron los delitos como la declaración de testigos, informes técnicos, contrato de transferencia de terrenos expropiados, convenios de pagos irregulares por expropiación de inmuebles, entre otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia de cuatro años”, dijo Mariaca.
Según la relación de los hecho, mediante convenio de pago de expropiación de inmuebles de fecha 1 de diciembre de 2003 y contrato de transferencia de terrenos expropiados de 24 de diciembre de 2004, Roberto Fernández como Alcalde del Municipio de Santa Cruz y Rómulo Calvo Bravo en calidad de Alcalde en ejercicio, ordenaron arbitrariamente el pago con recursos del municipio por la suma de 1. 365.275,34 de dólares para el saneamiento administrativo técnico de un terreno con superficie expropiada de 55.162,64 metros cuadrados a favor de una persona particular, que también fue investigada dentro de este caso.
La denuncia formal fue presentada por funcionarios del municipio cruceño el 21 de septiembre de 2006, por lo que el Ministerio Público inició las investigaciones y el proceso penal concluyó en sentencia.
Fuente: FGE
