La Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar por dos tercios una ley para hacer viable la elección de magistrados. Los comicios están previstos para el 3 de diciembre de 2023.
Después de cuatro meses de espera, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó por unanimidad declarar inconstitucional el reglamento de preselección y convocatoria para las elecciones judiciales.
Además de anular el reglamento y la convocatoria, el TCP decidió que la aprobación de un nuevo proceso de preselección deba realizarse por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa.
“Se ha establecido que tanto la ley que establezca el desarrollo la convocatoria, los derechos, los límites, las limitaciones y toda otra cuestión, deba hacerse necesaria e imprescindiblemente por dos tercios de votos. Esto atendiendo a que nos encontramos dentro de un Estado Social de Derecho”, dijo el presidente del TCP, Paul Franco, reportó ERBOL.
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional surge a consecuencia de una Acción de Inconstitucionalidad presentada por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, quien alegó que el reglamento y la convocatoria se aprobaron mediante resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no así mediante ley, como ocurrió en las elecciones judiciales del año 2017.
El presidente del TCP explicó que se ha tomado esta decisión debido a que la convocatoria debió realizarse por ley.
Con esta decisión, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar una nueva convocatoria para los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La espera en la decisión del TCP generó malestar en la Asamblea, donde incluso algunos parlamentarios consideraron que había sabotaje de los magistrados, al poner en riesgo el cumplimiento de plazos para realizar las elecciones judiciales.
El Tribunal Supremo Electoral fijó un plazo hasta el 4 de septiembre para recibir las listas de precandidatos seleccionados, para garantizar la realización de elecciones judiciales este año, el 3 de diciembre como fecha posible.
Es decir que la Asamblea tiene poco más de un mes para desarrollar la aprobación de la convocatoria, recibir postulaciones, realizar las calificaciones y elegir por dos tercios a los precandidatos. De lo contrario, no está garantizado que se elijan a los nuevos magistrados antes de terminar 2023, lo cual generaría una situación de vacío de poder, tomando en cuanto que las actuales autoridades judiciales cesan en su cargo el 31 de diciembre.
PREDISPOSICIÓN
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que, pese a la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la emisión del fallo sobre las elecciones judiciales, desde el Órgano Legislativo se continuará analizando vías que garanticen la renovación del Órgano Judicial.
“(…) Como Asamblea estamos con toda la predisposición (de viabilizar las elecciones judiciales), porque es nuestro rol constitucional”, afirmó el titular de la Cámara Alta ante la consulta de la prensa.
Asimismo, cuestionó al TCP por la demora del fallo que determinó la inconstitucionalidad del reglamento de preselección de candidatos en las elecciones judiciales.
Dijo que, en su criterio personal, “30 días (para el proceso de preselección de candidatos), es muy poco tiempo, esperemos que se hagan los máximos esfuerzos de todas las instancias que corresponden”.
GOLPE JUDICIAL
Por su parte, el expresidente Evo Morales calificó de “golpe judicial contra la democracia” la sentencia del TCP.
“La sentencia del TCP que atenta contra el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir democráticamente a los magistrados del Órgano Judicial es una decisión anticonstitucional y política, no jurídica, que pretende empujarnos como país al pasado del cuoteo de la justicia”, afirmó Morales mediante redes sociales.
Llamó al MAS, a la Asamblea Legislativa, líderes de opinión y medios de comunicación que denuncien lo que considera “golpe”.
“Nuestra querida Bolivia está en peligro de ser reducida a un Estado represor que usará los requerimientos fiscales y sentencias judiciales como arma política. Con este fallo, el TCP ha sentenciado su sometimiento al poder político”, agregó el exmandatario.
Horas antes, Morales también acusó al Tribunal Constitucional de ser el “brazo operador de la guerra judicial” en contra del Estatuto Orgánico del MAS y el derecho de elegir magistrados del Órgano Judicial.
Fuente: OPINIÓN
