Una adolescente de 17 años fue víctima de agresiones sexuales presuntamente por parte de su padre durante más de una década, lo que provocó una depresión. Intentó quitarse la vida
Un hombre fue remitido al penal de Morros Blancos, luego de una audiencia cautelar instalada en pasados días, donde se evidenciaron suficientes indicios que demuestran que es el presunto autor de abuso sexual agravado en contra de su hija biológica en reiteradas ocasiones, lo que orilló a la adolescente a un estado de depresión y a un intento de suicidio.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, detalló que fueron comunarios del municipio de Uriondo quienes reportaron a las autoridades que la menor de 17 años quiso quitarse la vida, pero fue rescatada a tiempo. El hecho activó el protocolo de intervención que ordena su entrevista en cámara Gesell para conocer las razones por las que tomó esa decisión.
La autoridad refirió que las agresiones, que ya llevaban más de diez años, iniciaron cuando la familia radicaba en otro departamento. Una vez que se mudaron a El Valle, se fueron agravando, pasando de toques en partes íntimas hasta un intento de violación.
“Una vez que dio su declaración, se determinó que estaba sufriendo abuso sexual desde que tenía seis años y el autor era su padre biológico (…) La última vez el hombre habría tratado de violarla, realizaba estos actos cuando no se encontraba la madre. Entonces cuando la víctima estaba por bañarse quiso agredirla y ella gritó, su hermanito menor entró y lo golpeó con un palo. Esos eran los motivos por los cuales intentó quitarse la vida”, explicó.
Gutiérrez agregó que luego de la entrevista a la víctima, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contactó a la madre y el padre. Ambos acudieron para saber qué había pasado con su hija y fue allí que se procedió a la aprehensión del progenitor.
De manera preliminar, se estableció que la mamá de la adolescente no tenía conocimiento de las vejaciones que cometía su pareja.
En la audiencia cautelar se demostró la probabilidad de autoría, además de los riesgos de fuga y obstaculización, por lo que se determinó su reclusión preventiva por un plazo de seis meses que es el tiempo con el que cuenta el Ministerio Público para concluir la investigación.
Mientras tanto, la adolescente se encuentra bajo supervisión médica y psicológica.
Fuente: EL PAÍS
