Se la acusa por una supuesta irregularidad en la adquisición de los buses municipales
Detención domiciliaria con custodia policial, sin salida laboral es lo que determinó la justicia para la ex alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Su esposo informó que debido a la deficiente conexión de internet no se pudo precisar el monto de la fianza que debe pagar para ser trasladada a su domicilio.
“La fianza no se pudo escuchar por la deficiente conexión. La Fiscalía estaba pidiendo la detención en el penal de Obrajes, pero se ha desvirtuado los riesgos, por eso es que el juez de la causa se ha determinado la detención domiciliaria”, dijo Hugo Rodríguez, esposo de la exautoridad edil.
De ese modo, Soledad Chapetón, cumplirá su tercera detención domiciliaria porque tiene medida similar por otros dos procesos. En septiembre de 2022 ya fue cautelada y recibió detención domiciliaria; poco después, en octubre del mismo año, otro proceso provocó la aprehensión y la exalcaldesa también recibió la detención domiciliaria.
El fiscal Omar Mejillones explicó que el caso data de 2015, cuando se adquirieron equipos para la venta y control de pasajeros en los buses. Dijo que las normas establecen que es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) la responsable del proceso y en este caso, es la exalcaldesa. Dijo que los equipos no funcionan y por tanto se constituye en un daño económico al Estado por Bs 2,7 millones, aproximadamente.
Sin embargo, el abogado defensor Jeral Quisbert López dijo que el programa software y los equipos están instalados en los buses, por tanto, no pueden decir que hay daño económico, “el por qué no están funcionando ya es otra investigación”, dijo en clara alusión a la paralización de los buses que están en un garaje de la ciudad de El Alto.
Hugo Rodríguez, dijo que conversaría con el abogado para ver de cumplir lo más antes posible con las condiciones que impuso el juez y recordó que existe un plazo de 72 horas antes que se revierta ese fallo y tenga que ser trasladada al penal de Obrajes, en la zona Sur de La Paz.
Fuente: EL DEBER