Según las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se estima que aproximadamente el 70% de los agresores sexuales son reincidentes.
Anastasio y Beatriz se encuentran sumidos en un profundo dolor. El viernes 16 de junio, su hijo José Andrés desapareció mientras se dirigía a la unidad educativa Boliviano Italiano en Santa Fe de Yapacaní, Santa Cruz, donde cursaba el cuarto grado de primaria. Un hombre que se desplazaba en una motocicleta se lo llevó. Tras seis días angustiantes, el 21 de junio, el cuerpo sin vida del niño de nueve años fue hallado en una zona conocida como La Tejería, evidenciando señales de violación.
José Andrés era un niño ejemplar, responsable y disciplinado. El día de su desaparición, se vistió con prendas abrigadas para enfrentar las bajas temperaturas, colgó su mochila sobre sus hombros y se despidió de su madre. Ella le entregó su recreo y él salió apresurado, determinado a no llegar tarde a la escuela y dispuesto a emprender la caminata.
Ruddy Yáñez Villavicencio, un hombre de 33 años con antecedentes por haber cometido delitos sexuales contra niños pero que gozaba de libertad, se interpuso en el camino del hijo de Anastasio y Beatriz. Él estaba en una moto y paró cerca de José Andrés, ofreciéndole llevarlo a su escuela. Sin embargo, el niño rechazó la propuesta y pensó seguir caminando. Pero el “depredador sexual” persistió. Prometió entregarle 20 bolivianos si lo acompañaba a comprar gasolina, asegurando que luego lo llevaría directo a su colegio. Seducido por la posibilidad de recibir dinero, el menor de edad aceptó y se subió a su motocicleta.
Yáñez Villavicencio había planeado meticulosamente cada detalle. Aquel día, buscó una víctima y se encontró con José Andrés, proveniente de una familia de escasos recursos económicos. Decidió llevar al menor a La Tejería, una zona apartada de la comunidad de Santa Fe, donde perpetró un ataque sexual contra él. Según su testimonio, después del acto de violencia sexual, pensó en dejarlo ir, pero algo en su mente le impulsó a segar su vida. Luego, ocultó el cuerpo entre la maleza, volvió a su casa en Santa Fe para tomar una pala y volvió al lugar del crimen. A unos 200 metros de donde cometió el acto abominable, cavó una fosa y enterró el cuerpo del niño, convencido de que había llevado a cabo un crimen perfecto que nadie descubriría.
Para entonces, los padres de José Andrés, acompañados por familiares y vecinos, emprendieron la búsqueda del niño. Preocupados por su ausencia en el hogar del barrio Divino Niño y sin tener ninguna pista sobre su paradero, la madre tuvo que reportar su desaparición alrededor de las 21:05 en las oficinas de la División de Trata y Tráfico de Personas, perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el módulo de Yapacaní. Anastasio denunció que los policías de turno no le dieron la debida importancia al caso, ya que no se activó ninguna operación de búsqueda durante el fin de semana. Argumentaron que esperarían órdenes superiores. No fue hasta el lunes que finalmente se inició la búsqueda del menor de edad.
Anastasio y Beatriz participaron activamente de todos los operativos de búsqueda que se llevaron a cabo en el pueblo, las carreteras principales, el monte, los ríos y diversos lugares. A pesar de los esfuerzos realizados, los policías les insinuaron que su hijo posiblemente se había ahogado mientras pescaba, explicando así su desaparición. Ante esta situación, reforzaron el rastrillaje con perros especializados en la búsqueda de personas desaparecidas y restos humanos. Sin embargo, todos los esfuerzos parecían en vano, como si la tierra se lo hubiera tragado por completo.
Los padres de José Andrés estaban convencidos de que algo le había sucedido a su hijo, ya que él no se marcharía sin permiso alguno. Ellos estaban sumidos en múltiples suposiciones, considerando incluso la angustiante posibilidad de que su pequeño hubiera sido víctima de una red de trata y tráfico que intentara sacarlo del departamento o del país. Sin embargo, nunca imaginaron que su hijo aún permanecía en el pueblo, aunque sin vida, tras haberse encontrado con un “depredador sexual” que había sido liberado a pesar de tener dos denuncias previas por actos de violencia sexual contra niños.
Ruddy Yáñez era consciente de que su tiempo se agotaba, por lo que decidió adentrarse en el chaco, un terreno agrícola, para evitar levantar sospechas. En su intento por ocultar evidencias, dejó abandonada su motocicleta y la pala que había utilizado para enterrar el cuerpo de su víctima en la casa de sus padres, ubicada en la localidad de Santa Fe.
Pasaron seis días desde la desaparición de José Andrés hasta que surgieron nuevas pistas. Entre ellas se encontraron las grabaciones de una cámara de vigilancia que mostraban al niño junto a un desconocido en una motocicleta. Gracias a la información proporcionada sobre las características del motorizado, y con la colaboración de los pobladores, se identificó al hombre que había sido visto por última vez con el niño.
La Policía llevó a cabo al menos dos allanamientos en esa jornada. Uno de ellos tuvo lugar en la vivienda de los padres de Yáñez, donde se encontró la motocicleta relacionada con el caso. Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, los investigadores ya estaban realizando labores de vigilancia en la zona. Gracias a trabajos satelitales, conocieron que la exconcubina de Ruddy Yáñez mantenía comunicación con él. Los especialistas lograron identificar la ubicación desde donde se emitía la señal telefónica, lo que llevó a los investigadores hasta el chaco donde el autor se estaba ocultando.
Al caer la tarde, los policías llegaron al lugar y confrontaron al “depredador sexual”, responsable del crimen de José Andrés. Yáñez terminó guiando a los agentes hasta el sitio donde había enterrado al menor de edad.
La impactante noticia produjo una intensa indignación entre los habitantes de la zona, quienes decidieron tomar medidas drásticas. Instalaron un bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, mostrando su determinación de hacer justicia por sus propias manos y arrebatar a Yáñez de las autoridades policiales. No deseaban que el autor fuera trasladado a la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, antes de que puedan organizar sus acciones, los uniformados decidieron sacar al violador e infanticida de esa localidad, impidiendo así cualquier posible enfrentamiento o situación de violencia.
La población, llena de impotencia y furia, tomó la decisión de acudir al inmueble de la familia del infanticida y procedió a incendiarla como un acto de represalia.
LA CARA DEL VIOLADOR
El jueves 22 de junio, el violador y asesino del niño José Andrés fue presentado durante una conferencia de prensa encabezada por el Viceministro Jhonny Aguilera. Durante ese evento, se identificó al responsable como Ruddy Yáñez Villavicencio, un hombre con antecedentes por delitos de violencia sexual contra niños, datando estos del año 2018 y 2021.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, confirmó, durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, la existencia de dos casos anteriores contra Ruddy Yáñez. En uno de ellos, un juez otorgó la cesación de la detención preventiva, permitiéndole salir de la cárcel y supuestamente defenderse en libertad. El Ministerio Público presentó una acusación formal, pero cuando llegó el momento de iniciar el juicio, el acusado no se presentó. Como resultado, la autoridad jurisdiccional lo declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión. El hombre se encontraba prófugo de la justicia.
OTROS DOS NIÑOS CAYERON EN LAS MANOS DEL “DEPREDADOR SEXUAL”
Yáñez Villavicencio ha dejado una estela de al menos tres víctimas, entre ellas José Andrés, cuyos casos han dejado heridas profundas en las víctimas y sus familias. Según la abogada Jessica Echeverría, en 2017 se emitió una orden de aprehensión en Montero por un caso de violación en grado de tentativa contra una niña, en el cual Yáñez estaba involucrado. Los habitantes del pueblo revelaron que la familia del agresor intentó persuadir a los denunciantes para que retiraran los cargos, ofreciéndoles regalos y favores.
En 2018, un juez de Yapacaní otorgó al acusado libertad con medidas sustitutivas y el pago de una fianza de 5.000 bolivianos. Sin embargo, en julio de 2021, Yáñez enfrentó nuevamente un caso por abuso sexual, lo que llevó a la emisión de una orden de detención preventiva en su contra y su traslado a la cárcel CEPROM de Montero. pudo obtener su liberación posteriormente y, como era de esperarse, no se presentó a su juicio oral.
Es evidente que Yáñez salió de prisión solo para volver a cometer delitos sexuales y, en esta ocasión, arrebatar la vida de un inocente niño que tenía el sueño de convertirse en abogado. Esta situación pone de manifiesto las fallas y debilidades del sistema judicial, que permitieron que un hombre peligroso reincidiera en actos atroces.
Según Aguilera, se estima que aproximadamente 7 de cada 10 agresores sexuales tienen un historial de reincidencia.
A CHONCHOCORO
El autor del atroz crimen contra el niño José Andrés ha confesado su responsabilidad y, en un juicio abreviado celebrado el jueves 22 de junio, ha sido condenado a 30 años de prisión por infanticidio, la pena máxima en Bolivia. Actualmente, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Por otra parte, este trágico suceso ha provocado una reunión en la comunidad, donde se emitió un voto resolutivo exigiendo la destitución de los jueces y fiscales que previamente liberaron a Ruddy Yáñez, ya que se cree que también tienen responsabilidad en el infanticidio de José Andrés por haberlo dejado en libertad. Además, solicitaron que sean procesados legalmente. Asimismo, se ha dado un plazo de 48 horas para que la exesposa y los familiares del autor abandonen Santa Fe y continúen siendo investigados por presunta complicidad y encubrimiento. El sector del transporte ha sido instado a solicitar certificados de antecedentes a sus afiliados con el fin de evitar que personas que hayan incurrido en delitos sexuales formen parte del servicio público. Por último, se ha propuesto la instalación de cámaras de vigilancia en instituciones educativas y lugares estratégicos para reforzar la seguridad.
El viernes 23, en el cementerio de Santa Fe, se llevó a cabo el emotivo y doloroso funeral del niño José Andrés, donde sus seres queridos le dieron el último adiós entre lágrimas y profundo pesar. En medio de su inmenso dolor, los padres de José Andrés exigen que también se juzgue a los familiares del autor del crimen. En este sentido, tres familiares del acusado fueron detenidos el miércoles bajo sospecha de encubrimiento. Posteriormente, el hermano fue liberado sin cargos, mientras que la madre y la concubina están sujetas a medidas cautelares que incluyen la obligación de presentar dos garantías personales y firmar semanalmente en el Ministerio Público. Además, se les ha prohibido acercarse a la familia de la víctima.
La exconcubina, quien es madre de dos hijas del acusado, manifestó a los investigadores que él la engañó al decirles que tenía que esconderse debido a un supuesto accidente en el que habría atropellado a un niño. Bajo estas circunstancias, ella habría mantenido comunicación con él.
Este caso ha dejado una profunda huella en la comunidad, revelando un fuerte reclamo por justicia y la necesidad de que se investigue a fondo cualquier complicidad o encubrimiento.
José Andrés se ha convertido en la segunda víctima de infanticidio en Santa Cruz y la octava en todo el territorio boliviano en lo que va del año, según las estadísticas recopiladas este 2023. Estos datos revelan una alarmante realidad que exige una acción urgente y coordinada para proteger a los niños y prevenir tragedias futuras.
Fuente: OPINIÓN
