A la Cancillería de Bolivia se ha conminado a convocar a una reunión de emergencia con Argentina y Paraguay, para analizar la problemática de este afluente internacional
San Antonio de Tunteyas, en el Municipio de Villa Montes, fue el espacio donde se analizó la situación del río Pilcomayo. En la oportunidad se expuso el sentir de los pueblos indígenas y sectores sociales que se han visto afectados por la crisis por la que atraviesa esta cuenca. La determinación fue exigir a las autoridades competentes declarar zona de desastre al principal río chaqueño; apresurar las tareas de dragado y exigir a la Cancillería de Bolivia convocar a una reunión de emergencia internacional.
El encuentro, que fue convocado por la Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (Orcaweta), se ha prolongado por más de siete horas. Ha tenido la participación de representantes de decenas de comunidades indígenas de los pueblos Weenhayek y Guaraní, invitados del pueblo Wichi de Argentina y el intendente de Santa Victoria Este.
Además de representantes de las asociaciones de pescadores, asociaciones de comerciantes de pescado, técnicos de la Gobernación, Gobierno Municipal de Villa Montes, Gobierno Regional del Chaco, Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), y Defensor del Pueblo.
El capitán grande del pueblo Weenhayek, Francisco Pérez, lamentó que de este encuentro los ausentes hayan sido los legisladores elegidos por los pueblos indígenas, tanto regionales como departamentales. Advirtió con asumir acciones, principalmente con la asambleísta del pueblo Weenhayek, Esther Sossa, a quien sindicó de no acompañar con gestiones a favor de este sector.
“Qué triste y pena nos da con nuestros asambleístas, los del pueblo Guaraní también han criticado que no hayan llegado ninguno de sus representantes. Parece que ellos están más pendientes de los políticos y no de responder por su pueblo. En los siguientes días vamos a ver y analizar este tema con las bases”, afirmó.
En cuanto a la declaratoria de emergencia, se consultó a Pérez a qué institución está dirigido este pedido, a lo que argumentó que las autoridades deben analizar qué competencia tienen sobre este tema y en ese marco movilizarse. Adelantó que esto puede iniciarse a través del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), activar el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) e incluso elevarse esta declaratoria a nivel nacional.
En lo que respecta a las tareas de dragado, Pérez mencionó que en gestiones pasadas se compraron dragas que están bajo la administración del Gobierno Regional de Villa Montes, que es la instancia que los tendrá que volver operativos.
“Se dio plazo hasta el 7 de julio, para que las instituciones puedan mostrar resultados de estas gestiones, además que la Cancillería de Bolivia debe convocar a sus pares de Argentina y Paraguay para tratar la situación del río Pilcomayo. Caso contrario, serán las bases quienes definan las medidas que vayan a asumir”, mencionó.
Fuente: EL PAÍS
