* El Consejo de la Magistratura no pudo implementar la Unidad Nacional de Auditoría Interna
Potosí, Kollasuyo Digital
La administración de los recursos económicos provenientes del Tesoro General del Estado y los generados por Derechos Reales (DDRR) no pueden fiscalizarse desde el Consejo de la Magistratura porque la Ley del Órgano Judicial lo impide, lamentó el consejero Marvin Molina.
Con la puesta en vigencia de la Ley 025 en junio del 2010, se creó la Dirección Administrativa y Financiera – reemplazando a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera dependiente del exConsejo de la Judicatura –, la cual es desconcentrada del Órgano Judicial.
Esta entidad tiene su propia unidad de auditoría interna y la iniciativa del Consejo de la Magistratura para “implementar la Unidad Nacional de Auditoría Interna fue bloqueada el año pasado”, expresó con resignación el entrevistado.
El manejo de los recursos del Órgano Judicial estaba a cargo de una entidad que tenía 42 funcionarios y con la Ley 025 pasó a otra institución que cuenta con más de 500 servidores; pero con resultados cuestionables, según su criterio.
No se conoce como se manejan los recursos del Órgano Judicial, cuyas recaudaciones anuales en DD.RR. son de cientos de millones de bolivianos, de acuerdo al informe.
Willy Alcocer Salas
