Más del 85% de los 258 millones de personas que padecen hambre aguda en el mundo viven en países afectados por conflictos armados
Las guerras, los conflictos armados y la violencia son las principales causas del hambre en el mundo. Esta, al igual que la desnutrición, no ha dejado de aumentar desde 2015. Existen en el mundo 828 millones de personas que no tienen acceso regular a alimentos y, de ellas, 258 millones padecen hambre aguda. ¿Qué significa esto exactamente? Pues que la salud y la vida de las personas afectadas corren grandes riesgos.
La desnutrición es la mayor amenaza para la supervivencia infantil en todo el mundo: más de 45 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda. Esto ocurre cuando el cuerpo no recibe suficientes alimentos y agota sus reservas de energía. El organismo empieza a consumir sus propios tejidos, empezando por los músculos y la grasa, en busca de nutrientes y energía esenciales para la supervivencia. Como consecuencia, el metabolismo del cuerpo se ralentiza, la regulación de la temperatura se altera, la función renal se deteriora y el sistema inmunitario funciona de forma limitada. Cuanto mayor es la pérdida de masa muscular y otros tejidos, mayor es la amenaza para la supervivencia.
El derecho internacional humanitario prohíbe inutilizar de cualquier modo bienes esenciales para la supervivencia de la población civil como alimentos, campos de cultivo, cosechas, ganado e instalaciones de agua potable
El impacto de los conflictos armados en la seguridad alimentaria afecta de manera directa cuando las partes armadas utilizan estratégicamente acciones políticas o bélicas para causar inseguridad alimentaria y malnutrición entre la población. Entre ellas se incluyen el incendio y la devastación sistemáticos y, a gran escala, de viviendas y propiedades; el saqueo y la destrucción de semillas, alimentos y ganado, y los ataques selectivos contra trabajadores de ayuda humanitaria; pero también afecta, de una manera indirecta, cuando se reduce la producción agrícola o se interrumpen las rutas de transporte o el suministro de agua.
Los conflictos también agravan los problemas económicos. En 2022, por ejemplo, los precios de los alimentos se incrementaron más de un 10% en 38 países que ya se encontraban en crisis alimentaria. Entre ellos,Sudán, Sudán del Sur y Haití. Un número significativo de países también se enfrentaron a una inflación inusualmente alta en 2022, lo que afectó a la seguridad alimentaria de millones de personas.
La destrucción de infraestructuras básicas y servicios sociales durante los conflictos violentos, como se observa en muchos contextos de conflicto, es una táctica habitual para degradar aún más la ya de por sí deprimida situación socioeconómica de las comunidades. Una vez más, la destrucción de estas instalaciones suele tener como consecuencia que los civiles se lleven la peor parte del conflicto. Las guerras en las ciudades, en particular, tienen un impacto catastrófico sobre los civiles y sus necesidades básicas. En la actualidad, el 56% de la población mundial vive en ciudades, lo que expone a un mayor riesgo de inseguridad alimentaria durante y después de un conflicto.
El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente atacar, destruir, sustraer o inutilizar de cualquier otro modo bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como alimentos, campos de cultivo, cosechas, ganado e instalaciones de agua potable.
Esta semana se cumplieron cinco años del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adoptó, por unanimidad, la Resolución 2417 sobre la Protección de los Civiles. La resolución reconoce el vínculo entre los conflictos y el hambre y califica de crimen de guerra el uso del hambre como arma de guerra. Sin embargo, desde entonces, el hambre causada por los conflictos ha aumentado. Las partes en conflicto y los Estados donantes de ayuda humanitaria deben respetar y reforzar el derecho internacional. Los Estados miembros de la ONU deben prevenir la aparición y la escalada de crisis alimentarias y humanitarias, e invertir en la creación de medios de vida resilientes y de seguridad alimentaria.
Fuente: EL PAÍS
