Los propietarios de vehículos indocumentados, los “chutos”, vuelven a amenazar con acciones protestas por una ley de regularización y rechazan el Decreto Supremo 4910 que prohíbe la venta de combustibles a motorizados sin documentos como el B-Sisa. Los propietarios de vehículos indocumentados están asociados y se han declarado en estado de emergencia tras la aprobación de dicho decreto. Según Rubén Ferrufino, ejecutivo nacional del sector, mantuvieron una reunión nacional para determinar las medidas que asumirán.
“Nosotros estamos siendo muy afectados porque no tenemos el B- Sisa y debemos contar con el B- Sisa para el carguío de combustible. (…) Como sector estamos en estado de emergencia. No se descarta una marcha exigiendo que se abrogue este decreto”, sostuvo.
Por su parte el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, manifestó que el decreto prohíbe la venta por encima de 120 litros por mes si la persona no presenta la autorización respectiva. En las fronterizas, el límite es de 50 litros.
“La Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos, establecen como servicio público, una conquista nacional, el abastecimiento ininterrumpido a cualquier ciudadano boliviano. Es por eso que el decreto establece desde cero litros hasta 120 litros (que) cualquier boliviano puede cargar una vez al mes”, señaló Jiménez.
Según la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gladys Quispe, hay una preocupación en pobladores, ya que estos autos se concentran en las comunidades. Los comunarios estarían alistando movilizaciones en rechazo a dicha normativa. “Se viene un conflicto”, dijo.
La parlamentaria, que es parte de la corriente evista, criticó la aprobación de dicho decreto, ya que, en su análisis, fue aprobado sin considerar la cantidad de vehículos chutos y dueños que serán perjudicados en el país.
“Hay una preocupación porque la mayoría de los sectores de las provincias tiene vehículos indocumentados y si va a haber esta resolución del combustible, ya han despertado diferentes alarmas y preocupaciones. Es más, ya se están organizando para movilizarse, van a pedir entonces lo que es la nacionalización”, señaló.
Debido a su naturaleza ilegal, los autos “chutos” afectan a la economía de Bolivia, ya que se beneficia de subvenciones y accede a los beneficios de cualquier motorizado importado legalmente. Para desarrollar una regularización o la aprobación de dicho decreto, se deberían analizar todos los factores que involucran a este tipo de vehículos, manifestó la diputada Quispe.
“Pero hay que ver los pros y los contras de esta petición (regularización) que tienen ellos y nosotros estamos viendo normativamente que puede ser factible para realizar alguna propuesta”, añadió la parlamentaria.
El problema de los “chutos” se hace cada vez más grande conforme pasa el tiempo, según el ejecutivo nacional de propietarios de vehículos indocumentados. El Gobierno no frena este problema y “la bola de nieve crece y crece”, dice. mientras tanto, la Aduana Nacional cada mes decomisa cantidades de autos ilegales.
Al parecer en el país hay más de 500.000 motorizados “chutos”. La gestión pasada, el ejecutivo de autos indocumentados y el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, presentaron un proyecto de ley de regularización y su análisis arrojaba que en ese entonces había alrededor de 200. 000 a 300. 000 vehículos ilegales, pero actualmente, pese al control de la Aduana, se intensificó el ingreso de estos motorizados.
El diputado Roca precisó que en el país hay más de 2 millones 100 mil vehículos legales. “Hay más o menos, obviamente no se sabe a ciencia cierta cuántos son los indocumentados son, pero las estimaciones y todos hablan que va alrededor de 500.000”.
“Lamentablemente, esa es la cifra, un poquito más de 500. 000, tal vez 600.000 unidades vehiculares”, añadió Rubén Ferrufino.
Los “chuteros”, como son conocidos los contrabandistas, ofrecen autos importados ilegalmente y robados, con ofertas de hasta un 50% menos que en el comercio formal. El año pasado, una investigación chilena demostró que en el negocio de estos motorizados ilegales estaban involucrados jefes policiales en servicio activo.
Cada año, la Aduana Nacional intensifica los controles y confisca diferentes cantidades de autos ilegales, pero los denominados “chuteros” busca la manera y se organizan para atacar a los grupos operativos e ingresar al país este tipo de vehículos. Por eso el dirigente Ferrufino cifra en más de medio millón de coches ilegales que circulan en el territorio nacional.
La gran mayoría de vehículos chutos operan en el área rural, incluso en ciudades intermedias. Miles de personas optaron por adquirir un auto indocumentado debido al bajo costo y poco control de autoridades en sus regiones. Según la Aduana, cientos de motorizados que fueron comisados fueron hallados con una placa falsificada y chasis no registrado. En ese contexto, el diputado del ala evista Héctor Arce propuso la anterior semana que el gobierno nacionalice estos motorizados ilegales.
Fuente: Urgente.bo
