El ex Defensor del Pueblo y ex ministro del Interior, sostuvo, en relación a los críticos del informe de la CIDH, que estas personas ni siquiera lo han leído y expresan un “sesgo y una carga ideológica que los lleva a negar la realidad”.
El informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en el Perú entre diciembre e inicios de este año ha originado distintas reacciones. El exdefensor del Pueblo y exministro del Interior Walter Albán cuestiona a quienes lo critican sin siquiera haberlo leído.
—¿Qué le ha parecido la reacción del Gobierno frente al informe de la CIDH?
— Me ha apenado la respuesta. Me hace recordar mucho a las primeras reacciones cuando se presentó el informe de la CVR. Y digo que me apenó, porque si bien el Gobierno no rechazó el informe ni entró a un rompimiento con la CIDH…
—Puso en duda sus conclusiones.
— Puso en duda sus conclusiones y los aspectos medulares que, como peruanos, deberíamos afrontar. Lo ocurrido entre diciembre y mediados de enero no puede ser pasado por alto. Ha significado la muerte de decenas. No es algo solucionado. En el tono de las respuestas se puede apreciar que además de haber sepultado a los muertos, el Gobierno ahora quiere sepultar la historia. Como que no hubiera obligación de ir al fondo de estos hechos que desde el inicio se pretendieron negar, o se buscaron explicaciones irresponsables.
—Desde los bolivianos hasta un ataque terrorista.
— Exactamente. Todo eso ya era una mala actitud frente a lo que ocurría. Pero luego de varios informes periodísticos y de organizaciones internacionales, no cabe duda de que lo ocurrido ha sido terrible. Hay recomendaciones que el informe formula que tendrían que ser atendidas y que no se asumen. Para empezar, lo que se ha hecho es marginar a las fiscalías de derechos humanos y concentrar la investigación en Lima. No se pueden hacer investigaciones tan ajenas al lugar de los hechos. Pero además de la reacción del Gobierno, hemos escuchado a otros actores, representados en el Congreso, en una actitud cerrada, de rechazo a la CIDH, de acusación. Hay autoridades como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, diciendo…
—¿Barbaridades?
— Mentiras, diciendo cosas que no tienen sustento y reconociendo con desparpajo que no ha leído el informe, pero igual tiene una opinión.
Vacilaciones. Ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola responden con solidez informe de la CIDH. Foto: difusión
—¿Qué implicancias legales puede haber?
— La CIDH es una organización supranacional que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Es, podríamos decir, una instancia inicial de investigación. Lo que se espera ahora es que el Estado reaccione, cumpla con las recomendaciones y lleve adelante las investigaciones, con un Ministerio Público actuando con eficiencia. Lamentablemente, esto no es lo que ha venido ocurriendo. Los que tienen responsabilidad en el país tienen que saber que esto, a la larga, no quedará impune.
—Sobre todo porque si algo ha demostrado la CIDH es que se puede investigar de una manera efectiva.
— Sin duda. Cuando hay voluntad de investigar, entonces se hace acopio de toda la información posible, se hacen entrevistas a testigos y víctimas, se recaba información de otras instancias. Quienes critican el informe tendrían que ser capaces de poner en cuestión lo que en él se afirma. Y lo que ahí se afirma, para cualquiera que revise su contenido, está perfectamente documentado. No hay manera de poder decir que este hecho es falso o que se ha registrado sin verificación previa. Si se llegara a demostrar eso, sí se podría decir que hay algunas fallas en el documento. Pero lo que uno puede apreciar en el núcleo duro del informe es que hay una contundencia.
—Quienes cuestionan el informe señalan que la CIDH está sesgada ideológicamente, lo que desacredita el contenido. ¿Qué piensa?
— Que es completamente al revés. La CIDH tiene que cuidarse. Hay que entender que el sistema interamericano está formado por Estados y la mayor parte de ellos no son gobernados por regímenes de izquierda u orientados hacia posiciones de esa naturaleza. Los que integran la comisión saben perfectamente que deben ser prudentes en lo que afirmen. Lo que interesa es que registren hechos que sean contrastados con los compromisos internacionales, en este caso, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte IDH. Cualquier cosa en el informe que no guarde correspondencia con ese marco jurídico y jurisprudencial podría ser criticado. En realidad, quienes están criticando el informe sin haberlo leído son quienes expresan un sesgo y una carga ideológica que los lleva a negar la realidad. Es un mal que nos afecta en el país, que no es reciente. Los principales actores políticos, los que se encuentran representados en el Congreso, están de espaldas a la realidad y el Gobierno está siguiendo la misma reacción.
—¿Cuáles serán las consecuencias políticas del informe? Quiero decir, uno lo lee y lo que se pone en entredicho, a partir de sus hallazgos, es la legitimidad democrática del propio Gobierno.
— Sin duda, porque lo que se está señalando ahí es de mucha gravedad. La comisión lo que no puede hacer es sustituir a los actores en el propio país…
—Desde luego.
— Sin embargo, está poniendo el dedo en la llaga y frente a eso quienes tenemos que reaccionar políticamente somos los propios peruanos. Es una situación en la cual nuestra débil institucionalidad democrática está siendo afectada, destruida. Este es un Gobierno con claros rasgos autoritarios, acompañado por un Congreso manejado mayoritariamente por gente absolutamente de acuerdo en que la prioridad es silenciar las protestas para continuar hasta el 2026.
—¿Se va a aguantar hasta ese año?
— No creo que se vaya a soportar. El país no podría continuar en esa dirección por tanto tiempo. Las encuestas son muy claras sobre la falta de legitimidad del Gobierno y del Congreso. Y las protestas no desaparecen, se transforman. Van a volver y ojalá se puedan conducir de manera que se pueda reconstruir la democracia. Si no queremos volver a vivir en un país con un alto grado de violencia, es muy importante que nos reconciliemos y comprendamos que el dolor de los peruanos afectados es uno con el que nos tenemos que solidarizar. De ninguna manera podemos ponernos de perfil o pretender que nada ha ocurrido. Los extremos con los que algunos quieren negar la realidad son alarmantes. Nos están diciendo que este desencuentro no podría ser superado.
—¿Cree que la presidenta Boluarte y el premier Otárola podrían asumir alguna responsabilidad penal?
— Lo han señalado algunos. Todo lo ocurrido, por lo menos en su primer momento, tenía a responsables políticos, que eran el ministro del Interior y de Defensa, que hoy es el presidente del Consejo de Ministros. Se han mantenido en negación. Y la presidenta Boluarte ha estado respaldando esta postura. Esas responsabilidades los van a terminar alcanzando. Ya no se puede decir que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo.
Fuente: LA REPÚBLICA
