Comisión entrevistó a 55 civiles que indicaron haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos, para concluir que existieron graves vulneraciones a la dignidad humana en marchas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy, 3 de mayo, su informe final sobre la situación de los derechos humanos en las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Desde su ascenso en el poder, el 7 de diciembre de 2022, más de media centena de civiles han fenecido en circunstancias que el órgano supranacional recomienda investigar con independencia en fueros nacionales. En el caso de Ayacucho, por ejemplo, consideró que ocurrió una “masacre” que podría constituir “ejecuciones extrajudiciales”.
La comisión identificó que la mayoría de fallecidos y heridos por el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, proveniente de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, padecieron graves lesiones en el tren superior del cuerpo producto del disparo de armas de fuego o perdigones.
Presentación del informe final de la CIDH sobre situación de derechos humanos desde la presidencia de Dina Boluarte
Informe de la CIDH podría ser considerado en instancia internacional siempre y cuando se agoten “recursos internos”
Instancias supranacionales podrían considerar el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre y cuando se agoten “los recursos de la vía interna”; es decir, si el fuero judicial peruano no concluye en culpables por las muertes en protesta social.
Comisionado Ralón sobre potenciales culpas individuales: “El informe no endilga una responsabilidad personal”
El Comisionado de la CIDH Stuardo Ralón, también abogado gualtemalteco, precisó que el informe final excluye culpas individuales. Los organismos internacionales, más bien, suelen referirse al Estado peruano como un conjunto de instituciones.
“El informe no endilga una responsabilidad personal”, expresó.
Foto: John Reyes/La República.
Crisis demuestra que existe “estigmatización” contra comunidades indígenas y campesinas como en el conflicto armado interno
El resquebrajo del tejido social evidencia, para la CIDH, que en el Perú existe “una fuerte estigmatización hacia las comunidades indígenas y campesinas de ciertas regiones”, tal y como ocurrió en el período de violencia interna de los ochenta, cuando el Estado peruano y Sendero Luminoso violaron derechos humanos.
“Si bien el conflicto armado no fue categorizado como un conflicto étnico en sentido estricto, pues los grupos en pugna no manifestaron estas motivaciones de forma explícita, contó con un fuerte componente por origen étnico-racial”, se redactó.
Foto: difusión.
CIDH pidió al Congreso “abstenerse de adoptar reformas” que debiliten autonomía de PJ y JNE
La Comisión exhortó al Parlamento a frenar sus pretensiones de controlar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Poder Judicial. Para la CIDH es vital mantener la autonomía de los órganos electorales.
Foto: composición/La República/difusión.
“Las acusaciones no probadas de fraude (…) profundizó la desconfianza ciudadana”
Las motivaciones por las que “aumentó” la “polarización” del país, según la CIDH, son las “acusaciones no probadas de fraude electoral (en el 2021) y las incesantes confrontaciones entre los poderes públicos”.
En los útimos comicios, el fujimorismo difundió la narrativa fraudulenta. Incluso mandó a inspeccionar a bufetes abogadiles en sufragios del sur para interponer recursos de nulidad de actas.
Foto: La República.
Hay pedidos en las marchas que son “justas reivindicaciones”
Después del estudio en dos meses diferentes, la CIDH concluyó que “en la base de las demandas poblaciones hay justas reinvindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas”. Se ejemplificó el requerimiento de “acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación políticas”.
“Las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial del país, no ser estigmatizadas, ser consultadas sobre los proyectos extractivos que pueden tener impactos considerables en su territorio, y que la riqueza que éstos generan se distribuya equitativamente”, identificaron.
CIDH: Políticas contra el terrorismo no deben legislarse para restringir los DD. HH.
En la conclusión del punto 253, parte del subtítulo “El deber de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas”, la CIDH expresó su preocupación sobre la utilización de tipos penales sobre terrorismo para indagar a legítimos marchantes.
“Las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos”, dice el texto.
Foto: archivo GLR.
Gobierno “advirtió” a la CIDH, sin pruebas, que en protestas hubo grupos “al margen de la ley”
El Estado peruano “advirtió” a la CIDH, sin mostrar evidencia probatoria alguna, de la supuesta infiltración en las marchas de “grupos organizados al margen de la ley”. Según la gestión de Dina Boluarte y Alberto Otárola, estas juntas tenían el fin de “desestabilizar” su Gobierno.
Foto: captura de pantalla/CIDH.
En Juliaca, donde fenecieron 19 personas, hubo “un uso indiscriminado de la fuerza” hasta contra “terceras personas”
La Comisión también investigó los hechos en Juliaca, Puno, donde murieron 19 compatriotas. Identificó “un uso indiscriminado de la fuerza en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
Foto: Kleber Sánchez/La República.
Sobre las muertes en Ayacucho, la CIDH considera que podría calificarse como una “masacre”
Diez civiles murieron en Ayacucho entre el 15 y 16 de diciembre. Después de entrevistarse con diferentes testigos, la CIDH arguyó que podría calificar lo acaecido como una “masacre”. Además, las “muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Foto: AFP.
Fuerzas Armadas y PNP emplearon la fuerza de forma desproporcionada, indiscriminada y letal
La CIDH observó que la respuesta de las fuerzas del orden para el control de orden interno “no fue uniforme en todo el territorio nacional”.
De hecho, “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. La prueba irrefutable es el alto número de muertos a causa de impactos de armas de fuego y perdigones.
Foto: Rodrigo Talavera/La República.
Sobre el terruqueo, se identificó que en el debate público hay una “fuerte estigmatización” contra indígenas y campesinos
En el punto 292 del informe final, la CIDH expuso el hallazgo de una fuerte estigmatización en el debate público contra las personas indígenas y campesinas. Se les enuncia como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos”, “indios”, “entre otras formas despectivas”.
“Estos mensajes (…) contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación y violencia institucional”, dice.
Fuente: LA REPÚBLICA
