Brasil vive “una epidemia” de violencia en las escuelas, según el Gobierno. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reunió este martes a ministros y gobernadores en Brasilia para hacer balance de las medidas tomadas hasta ahora para contener los ataques en centros escolares y se anunciaron otras nuevas. Las alarmas sonaron después de que a principios de este mes un hombre de 25 años asesinara a hachazos a cuatro niños de entre cinco y siete años, en Blumenau, al sur del país. Pocos días antes, un adolescente de 13 años mató a puñaladas a una profesora e hirió a otras cuatro personas en un colegio de São Paulo. La cercanía en el tiempo de las dos tragedias, y el revuelo causado en los últimos días por bulos en Internet que avisaban de que se estaban preparando más ataques provocó la inquietud en familias y autoridades.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, informó en la multitudinaria reunión que tan solo en los últimos diez días han sido detenidas 225 personas en casos relacionados con planes o acciones de violencia en el ambiente escolar. Se están investigando 1.224 casos en todo el país, y 694 adolescentes han sido llamados a declarar. Además, se han eliminado 756 perfiles de plataformas como Twitter y TikTok y el canal creado ex profeso por el Ministerio de Justicia para recibir estas denuncias, llamado Escola Segura, recibió 7.473 avisos. Ante los números, el ministro no pudo minimizar la dimensión del problema: “Esto muestra que estamos ante una epidemia […] esto nos permite, de un modo muy elocuente, dimensionarlo: no son casos aislados. Es una red criminal estructurada”, aseguró.
El ministro Dino aportó sus datos en un encuentro de alto nivel presidido por el presidente Lula y donde estuvieron también los máximos representantes del poder judicial y legislativo, además de ocho ministros y varios gobernadores y alcaldes, algo poco común, lo que da una idea del tratamiento que el Gobierno quiere dar al asunto. La última vez que esto ocurrió fue tras el intento golpista del 8 de enero.
De hecho, el juez del Supremo Alexandre de Moraes vinculó las dos cosas y dijo que el modus operandi es idéntico porque las redes sociales se creen “una tierra sin ley”. Una de las principales ideas que sobrevoló la reunión es que hay que intensificar la regulación de Internet para evitar los discursos de odio y cortar de raíz los perfiles donde los agresores se hacen fuertes a base de likes.
Lula criticó a las plataformas que no toman suficientes medidas para poner coto al algoritmo que premia y difunde sin filtro los discursos e imágenes violentas. “Las grandes empresas que ganan dinero con la divulgación de la violencia son cada vez más ricas. Algunos son los empresarios más ricos del planeta y continúan divulgando cualquier mentira, no hay criterio”, declaró el presidente brasileño.
Recientemente ya provocó malestar en el Gobierno una reunión en que los responsables de Twitter en Brasil mostraron poca disposición en moderar o eliminar el contenido susceptible de estimular los ataques en colegios. El presidente también quiso frenar de alguna manera la rápida reacción de políticos y medios conservadores pidiendo soluciones basadas en reforzar la seguridad de los colegios con armas, muros, detectores de metales y vigilantes privados, y subrayó que Brasil “no transformará las escuelas en una prisión de máxima seguridad”.
De momento, se está tramitando una ley en el Congreso que criminaliza las noticias falsas, que podría servir de base para regular las redes sociales. Pero a falta de concreciones en ese campo, por ahora las medidas anunciadas van más por el camino de dar respuesta a la alarma social apelando a la seguridad.
El Gobierno anunció que invertirá 3.115 millones de reales (625 millones de dólares, 570 millones de euros) para combatir los ataques, centrándose sobre todo en Internet, para rastrear e intentar reprimir los planes de quienes los incentivan. Más de la mitad de esa cuantía se podrá destinar a infraestructura para reforzar la seguridad de los colegios. También habrá cursos de formación continua para que los profesores aprendan a enfrentarse a la violencia escolar y 200 millones de reales irán para políticas públicas de salud mental en las escuelas.
Pero en el gigantesco y diverso Brasil, la manera de enfrentar el problema está lejos de la unanimidad. En el estado de Santa Catarina, donde ocurrió el sangriento ataque a la guardería, el gobernador, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, prometió hace unos días que colocará al menos un policía armado en cada una de las 1.053 escuelas públicas de la región.
Fuente: EL PAIS
