La segunda condición hace referencia a la base legal sobre la que opera el servicio que deberá eliminar “cualquier referencia a la ejecución de un contrato” entre el usuario y ChatGPT en los términos del servicio. En su lugar, tendrá que indicar “el consentimiento o el interés legítimo como requisito previo para el uso de tales datos”.
El GPDP también obliga a OpenAI a poner a disposición de los usuarios herramientas para que puedan “solicitar la rectificación de los datos personales que les conciernen generados inexactamente por el servicio o la cancelación de los mismos si la rectificación no es técnicamente posible”. Esta condición está dirigida también a quienes no sean usuarios de la inteligencia artificial y quieran ejercer “el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales utilizados para el ejercicio de los algoritmos”.
Otra de las cuestiones que el GPDP criticó a OpenAI cuando decidió bloquear ChatGPT es la ausencia de un sistema de verificación de edad en un servicio dirigido a mayores de 13 años. La compañía estadounidense deberá implementar un sistema de solicitud de edad en el registro para el acceso a ChatGPT y también un sistema de verificación de edad “capaz de excluir el acceso a usuarios menores de trece años y menores de edad que no tengan el consentimiento de los padres”. Para esta condición el límite no es el 20 de abril, sino el 30 de septiembre previa presentación de un plan de acción antes del 30 de mayo.
Por último, Italia pide a OpenAI que, antes del 15 de mayo, promueva una campaña de información en radio, televisión, prensa e Internet “para informar a las personas sobre el uso de sus datos personales con fines de entrenamiento de algoritmos”.
El pasado 31 de marzo, el GPDP ordenó a OpenAI cesar en el tratamiento de los datos que estaba llevando a cabo de sus usuarios en Italia. Argumentó que la compañía estaba infringiendo los artículos 5, 6, 8, 13 y 25 del RGPD europeo e inició una investigación. OpenAI cerró inmediatamente el acceso a ChatGPT desde Italia y se mostró dispuesta a colaborar, pero aún no se ha manifestado sobre estas condiciones que demanda la autoridad italiana. En cualquier caso, el GPDP continuará “investigando las infracciones a las normas vigentes cometidas por la empresa y se reserva el derecho de adoptar cualquier medida adicional o distinta que sea necesaria al concluir la investigación formal aún en curso”. Las autoridades en protección de datos de otros países, entre ellos España, también han comenzado a investigar el tratamiento de los datos que hace esta popular inteligencia artificial generativa y el Comité Europeo de Protección de Datos lanzará un grupo de trabajo para fomentar la cooperación e intercambiar información sobre este servicio.
Fuente: LA RAZÓN
