Los líderes de la institucionalidad cruceña cuestionan la legitimidad del proceso, ya que el caso radica en La Paz, pese a que los supuestos ilícitos fueron cometidos en Santa Cruz.
Luego de casi cuatro horas en la Fiscalía Especializada en Lucha Contra la Corrupción del Plan Tres Mil, el exlíder cívico Rómulo Calvo, el vicerrector Reinerio Vargas y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan informaron que se abstuvieron de declarar por el caso de los 36 días de paro.
“Nos abstuvimos a declarar y complementamos nuestra declaración porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. Ustedes saben que el Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada”, afirmó Calvo.
El vicerrector de la estatal cruceña, Reinerio Vargas, coincidió en que todos los dirigentes se acogieron al silencio en la declaración por el proceso que se investiga por 10 supuestos delitos cometidos durante el paro de 36 días, que se realizó entre octubre y noviembre de 2022 en demanda de un Censo de Población y Vivienda transparente.
“Hemos demostrado que somos personas de bien y que nos vamos a defender en todas las circunstancias (…) Nos hemos abstenido de hacer una declaración porque, sobre 10 procesos, querer decir alguna cosa podría ir en contra nuestra, entonces lo lógico es hacer lo que hemos hecho”, señaló Vargas.
Asimismo, cuestionó la legitimidad del proceso, ya que no respeta la jurisdicción natural, puesto que el caso radica en La Paz, pese a que los supuestos ilícitos fueron cometidos en Santa Cruz.
La denuncia fue realizada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al MAS, Marcelo Mayta, el 11 de noviembre del año pasado, y aceptada por la Fiscalía a los dos días.
“No reconocemos la jurisdicción (del caso), exigimos que sea en Santa Cruz, no solo la toma de declaración, sino todo el proceso porque el supuesto ilícito se cometió en acá”, sostuvo el vicerrector.
De acuerdo con el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, los líderes de la institucionalidad cruceña son investigados por los supuestos delitos de: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, y terrorismo.
“No hay miedo ni temor, si uno tiene que estar las veces que sea en juicios así es porque estamos defendiendo el pueblo; y si es necesario dar hasta la vida, pues la vamos a dar. No hay miedo, se lo advertimos a ellos (el Gobierno) porque creen que nos van a amedrentar”, añadió Vargas.
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho también figura como investigado dentro de este proceso, al igual que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quien se encuentra en Europa y fue representado por su abogado en la declaración de este jueves.
Fuente: EL DEBER
