* Denuncia que la pretendida modificación al artículo 281 del Código Penal es inconstitucional y reafirma el derecho a la libertad de expresión
Potosí, Kollasuyo Digital
Los periodistas potosinos están en alerta ante el intento del Gobierno de modificar el artículo 281 Septies del Código Penal Boliviano, mediante un proyecto de ley que fue presentado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Este artículo titulado: Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación señala en su parágrafo tercero, “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”. Estableciendo una pena privativa de libertad de 3 a 7 años.
Ante esta situación, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FSTPP) emitió un pronunciamiento, expresando que este artículo vulnera los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado.
Por ello, hará llegar a la Brigada Parlamentaria de Potosí el pronunciamiento de repudio a este proyecto de ley denominado: “Cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Asimismo, de acuerdo a las declaraciones de su secretario ejecutivo, Rodrigo Tapia, este sector está en estado de alerta y asumirá medidas de hecho a nivel nacional si el Gobierno persiste en su afán de impulsar el tratamiento de este proyecto normativo.
Igualmente, enfatizó que la Ley de Imprenta sigue vigente y esa es la instancia para juzgar a los trabajadores de la prensa.
PROYECTO DEBE SER RETIRADO
“Estamos en estado de alerta y emergencia hasta que el proyecto de ley se retirado”, expresó este mediodía el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, rechazando el propósito del Gobierno de acallar a las libertades de expresión e información.
También señaló que la Ley de Imprenta está vigente, concediendo un fuero a los periodistas para que sean juzgados por esta instancia, por presuntos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El Gobierno sólo creó un nuevo frente de conflicto por no socializar este proyecto entre los gremios de la prensa boliviana.
El proyecto, enviado por el presidente del Estado, Luís Arce, a su par de Diputados, Jerjes Mercado, el 2 de abril pasado, pretende modificar delitos como genocidio, trata, discriminación, racismo, incitación al racismo, sometimiento a la esclavitud, tortura, violación y abuso sexual; pero además busca crear tipos penales como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión armada, ejecuciones extrajudiciales, actos de odio y tratos crueles.
Willy Alcocer Salas
