“Posición política de Iglesia Católica es ampliamente conocida, domingos en homilías arremeten dando línea contra el gobierno, órganos de Estado, siempre están al lado de grupos conservadores, mudos cuando secuestran personas en paros y por eso mismo no tienen nada que aportar” (sic), acotó.
“Tremendo alboroto provocó Procuraduría proponiendo que miembros de Iglesia Católica declaren en un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías de caso, no para lograr titulares”, señaló Rivero a través de su cuenta de Twitter.
Rivero fue una de las “representantes” del MAS que participó en las primeras reuniones convocadas por la Iglesia, en predios de la Universidad Católica, en noviembre de 2019, donde se buscaba una solución constitucional tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, además del Vicepresidente y las principales cabezas del Legislativo.
En más de una ocasión, Rivero señaló que las reuniones fueron infructuosas y la oposición, por eso, activó su “plan B”, que era, precisamente, que Jeanine Añez – entonces segunda vicepresidenta del Senado- se autoproclame presidenta de la Cámara Alta y luego del Estado alegando una “sucesión constitucional”.
En ese sentido, Rivero aseveró que la Iglesia ya ha mostrado su posición política, misma que es “ampliamente conocida” pues los “domingos en homilías arremeten dando línea contra el gobierno, órganos de Estado, siempre están al lado de grupos conservadores, mudos cuando secuestran personas en paros y por eso mismo no tienen nada que aportar”.
“Investigación penal por terrorismo y cohecho activo (golpe I) precisa avanzar con seriedad y objetividad. Creo que a estas alturas ya se sabe quien pagó militares y activistas para venir a La Paz a subvertir el orden constitucional”, acotó Rivero.
El fin de semana se supo que la Procuraduría General del Estado pidió a la Fiscalía investigar a los obispos de la Iglesia que propiciaron las reuniones para pacificar el país y que, según denuncias, derivaron en la decisión de que Jeanine Añez asuma la presidencia del Estado en lugar de Evo Morales, quien renunció en medio de denuncias de fraude, protestas cívicas y tras perder el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El memorial de la Procuraduría, revelado por El Deber, data del 30 de enero. A través de este documento se solicitó al fiscal Omar Mejillones, encargado de investigar el caso ‘golpe I’, citar a declarar a los integrantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).
Entre los señalados por la Procuraduría están el monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, el obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente al padre, José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.
Fuente: Oxígeno
