Inacción. El 10 de febrero vence el plazo para aprobar que haya elecciones generales el 2023, pero la falta de voluntad política del Ejecutivo y Legislativo condena a la ciudadanía a no cambiar sus autoridades. Según juristas, la única forma de atender esta demanda es, por ahora, que la presidenta cumpla con renunciar.
A tres días de vencer la legislatura –el 10 de febrero–, el Ejecutivo y el Congreso continúan lavándose las manos a la hora de explicar por qué no se ha podido concretar el adelanto de elecciones para el 2023. Si ningún proyecto es aprobado antes del viernes en primera votación en el Pleno, será complicado –por no decir imposible– que haya un proceso electoral este año.
El viernes 3 de enero, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, dijo que, para celebrar una primera vuelta en octubre, urge que la convocatoria a comicios sea en marzo. Esto implica que la aprobación de un dictamen de adelanto de elecciones no debe pasar en el Congreso –en primera y segunda votación en el Pleno– de este mes.
Pero ese día, en vez de ahondar sobre esta necesidad, la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Nano Guerra García, mandó al archivo el proyecto de ley del Ejecutivo para adelantar los comicios generales para el 8 de octubre, debido a que se aprobó una cuestión de orden, impulsada por Acción Popular y Avanza País, para que se encarpete esta iniciativa.
El argumento para archivarla fue que, en una misma legislatura, conforme el artículo 78 del reglamento del Congreso, no se puede discutir en una misma legislatura un proyecto de ley que sea idéntico a otro que haya sido rechazado en ese mismo periodo.
El Ejecutivo envió su propuesta recién el miércoles 1, luego de que el Pleno había rechazado hasta en dos oportunidades dos textos sustitutorios que recortaba el mandato presidencial y congresal. El primer dictamen que no obtuvo respaldo en el Hemiciclo recomendaba que la primera vuelta sea la primera semana de octubre. Y el Gobierno de Dina Boluarte presentó una iniciativa que, salvo algunas disposiciones, planteaba lo mismo a ese texto. Era, para algunos congresistas de la derecha, en esencia, idéntico.
Desde ese momento, alertaron fuentes en el Congreso, los partidos de Acción Popular y Avanza País iban a apelar a la interpretación del artículo 78 del reglamento del Parlamento, para alegar que el proyecto del Ejecutivo era idéntico al primer texto sustitutorio rechazado el viernes 27 de enero.
Y así sucedió el viernes último, cuando el acciopopulista Ilich López y Alejandro Cavero, de Avanza País, impulsaron que el texto del Ejecutivo sea encarpetado hasta el próximo periodo anual de sesiones.
La congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, había recalcado que, en noviembre pasado, la Comisión de Constitución había aprobado un dictamen que anulaba un decreto del gobierno de Pedro Castillo que copaba la Derrama Magisterial a favor de su sindicato la Fenate-Perú. Anteriormente, en esa misma legislatura, el Pleno había rechazado un proyecto similar, pero pese a ello la comisión de Guerra García avanzó con la propuesta.
Luque recalcó este precedente para sostener que sí es posible volver a discutir una propuesta de ley de adelanto de elecciones, pese a que antes el Pleno haya rechazado, en la misma legislatura, tres textos sustitutorios sobre la misma materia.
Pero al final primó la fuerza de los votos.
Ahora es, de nuevo, la bancada de Avanza País, que respalda al primer ministro Alberto Otárola, quien, de acuerdo a información recogida por este diario, no está de acuerdo con adelantar las elecciones este año, y que apunta a dilatar el debate de nuevos comicios hasta julio –mes que comienza el próximo periodo anual de sesiones–.
“Este tema se tiene que ver en la siguiente legislatura (…). Yo creo que lo más saludable es que el tema se vea en febrero”, expresó el congresista Diego Bazán, de Avanza País,
Este grupo que también integra el presidente del Congreso, José Williams, busca que las elecciones sean el 2024.
Alejandro Cavero. Ilich López. Foto: composición/La República
En la Comisión de Constitución ya tiraron la toalla. Tampoco se puede volver a votar una reconsideración, porque el pasado viernes esto fue planteado por la legisladora Ruth Luque, pero también fue rechazada.
Ayer, la bancada del Bloque Magisterial envió una carta a Williams para solicitarle que convoque, “en forma inmediata”, a sesión del Pleno para que se someta a votación la excepción establecida en la parte final del segundo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, a fin de posibilitar que en esta legislatura se pueda llevar a cabo el estudio y debate de los proyectos de ley sobre recorte de mandato de la presidenta y congresistas.
Al cierre de esta nota, Williams no les ha respondido.
José Williams asumiría la presidencia, según el orden constitucional, en caso renuncia Dina Boluarte a la presidencia de la República. La reestructuración de la Mesa Directiva también es una posibilidad. Foto: Congreso
Este diario preguntó ayer sobre esta encrucijada al titular de la Comisión de Constitución, pero este optó por dejar todo en manos de Williams. “Es decisión de la conducción del Pleno”, insistió Guerra García.
En este contexto solo queda una salida para concretar el adelantar los comicios: la dimisión de Dina Boluarte. Así lo consideran los constitucionalistas Omar Cairo, Beatriz Ramírez y Marianella Ledesma (ver entrevista en la página 3).
“La única alternativa para adelantar las elecciones es la renuncia de Dina Boluarte”, enfatizó Cairo. Ante eso, agregó, el presidente del Congreso “quedaría obligado a convocar a elecciones generales”. Pero Boluarte ha dicho que no dará un paso al costado. En ese contexto, dice Ramírez, quedaría “esperar a agosto y elecciones el 2024”. Pero es incierto que eso calme la crisis. Los actores políticos están contra el reloj.
Reacciones
Omar Cairo, constitucionalista
“La única alternativa para adelantar las elecciones es la renuncia de Dina Boluarte. Ante esa renuncia, el presidente del Congreso quedaría obligado a convocar a elecciones generales”.
Diego Bazán, Avanza País
“Este tema se tiene que ver en la siguiente legislatura. El reglamento es claro, con 50% más uno de los votos de la Comisión de Constitución podría verse el tema en la siguiente legislatura. Es lo más saludable”.
Fuente: LA REPÚBLICA
