El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, reveló este miércoles que algunas Direcciones Distritales de Educación (DDE) en el país, no sancionan a los colegios particulares “poderosos”, quienes realizan cobros irregulares a los padres de familia.
La autoridad de Gobierno explicó que la Resolución Ministerial 001/ 2023 que congela las pensiones escolares, por lo tanto, no debe haber incremento.
“La resolución ministerial es clara y dice que son los distritos escolares y las direcciones departamentales que tienen que aplicar procedimiento y sancionar. Lo que hemos visto es que las direcciones distritales de educación no tienen la fuerza de la sanción, no quieren sancionar a los colegios particulares, a los poderosos, les tienen miedo y generan una suerte de indefensión a los padres de familia”, indicó Silva en declaraciones a Urgente.bo.
Explicó que el año pasado, el Viceministerio de Defensa del Consumidor tuvo que intervenir en los contratos privados que suscribieren los padres con los dueños de los colegios particulares para evitar las cláusulas abusivas.
“Todos los contratos de adhesión que firman los padres deben ser autorizados por la autoridad competente con el fin de evitar las cláusulas abusivas que tienen los contratos, en el que dicen, tiene que haber aportes, además de las mensualidades, o el obligarles a comprar el uniforme del colegio. Con esto se restringe los derechos de los padres de familia, esas son las observaciones que se tiene actualmente”, argumentó.
Ayer, Grushenka Romero, exrepresentante de padres de familia de colegios privados de La Paz, denunció que en las unidades educativas particulares hay incremento “disimulado” en las pensiones escolares, e indicó que los padres de familia no hacen la denuncia ante el Ministerio de Educación por miedo a que sus hijos sean objeto a represalias.
Al respecto, Silva pidió a los papás realizar la denuncia ante el Ministerio de Educación y dijo que el Viceministerio de Defensa del Consumidor “garantizará que no serán objeto de amenazas”.
Sanciones
En caso de que una unidad educativa particular presione o vulnere lo que establece la resolución y continúe realizando cobros irregulares a los padres de familia, está sujeta a ser sancionada con el 10% de los ingresos netos que recibe por las inscripciones y pensiones.
Aseveró que sí un colegio privado recauda Bs 100.000 al mes puede ser sancionada con Bs 10.000. “Hay colegios que cobran hasta un millón de bolivianos, entonces pueden ser sancionados con Bs 100.000, y en el caso de ser reiterativos, se puede proceder a la suspensión de su permiso”.
El Viceministro de Defensa del Consumidor remarcó que los colegios particulares funcionan como empresas y no están al margen de ser castigadas si incumplen las normas.
María L., madre de dos niños, relató a este medio que ante la amenaza del cierre del colegio Loretto, tuvo que cambiar a sus hijos al colegio Americano, que está ubicado en Obrajes, zona sur de La Paz, donde le pidieron Bs 300 más aparte de la inscripción.
Fuente: URGENTE.BO
