Defensa del expresidente Pedro Castillo ahora recurre a la justicia constitucional para anular proceso penal por rebelión.
El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite el habeas corpus planteado por el golpista expresidente Pedro Castillo con el que pretende anular la prisión preventiva por 18 meses que se le dictó en el marco de la investigación fiscal por rebelión —alternativamente conspiración—, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Ello a raíz del fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el exmaestro el miércoles 7 de diciembre de 2022.
Según la resolución a la que accedió La República, la demanda fue interpuesta contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República.
Una de las pretensiones de Castillo Terrones es anular la resolución del Congreso N.º 002-2022-2023-CR, con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político sin llevarse a cabo el procedimiento de acusación constitucional. El exmandatario alega que los parlamentarios “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y recuerda que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Otro requerimiento de Pedro Castillo es dejar sin efecto la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que le impuso 18 meses de prisión preventiva; así como el fallo de la Sala Penal Permanente que ratifica la decisión en primera instancia.
En este extremo, la defensa del exjefe de Estado sostiene que la Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín “no se pronunció sobre detención arbitraria ordenada por el director de Seguridad del Estado ya que al momento de su detención tenía la condición de presidente ni tampoco el Congreso había iniciado el proceso de antejuicio político”.
Bajo esta defensa, Pedro Castillo busca que se declare nulo todo el proceso penal “hasta la fase de instrucción (investigación preparatoria)” y se ordene su inmediata libertad.
Denuncias
El expresidente Pedro Castillo también solicita a la justicia constitucional que se formule una denuncia penal contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el director de Seguridad del Estado de la PNP, el general PNP Iván Lizzetti Salazar, y los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la supuesta detención arbitraria tras el último mensaje a la Nación.
Fuente: LA REPÚBLICA
