“Espectacular” es uno de los halagos que el cuerpo de Dayana (nombre cambiado) recibe noche a noche de sus clientes. Ella es extranjera y su país de destino es Chile. Aunque los conflictos sociales y la pandemia de la COVID-19 extendieron su estadía en Bolivia por más de tres años, resiste las constantes vulneraciones que sufren las trabajadoras sexuales por sus niños y un sueño en el que aún no pierde la fe.
Dayana decidió salir de su país, Venezuela, a finales de 2018 junto con su prima Silvia con el objetivo de buscar mejores días para sus dos niños de 1 y 3 años; su madre, una adulta mayor sin posibilidad de trabajar; y su esposo, que ya no pudo volver a conseguir un nuevo empleo en su ciudad.
En La Asunción ambas mujeres no se dedicaban al trabajo sexual, las dos se iniciaron en este rubro en suelo boliviano. El plan inicial era permanecer en Bolivia no más de medio año, tiempo en el que debían reunir el suficiente dinero para costear un alojamiento y alimentación al menos por un par de meses cuando llegaran a Chile. Pero las cosas se complicaron estando en Bolivia, sin fuentes de trabajo y con la dificultad de no poder tramitar sus documentos y permisos de trabajo. Luego los conflictos sociales de 2019 redujeron aún más el trabajo y, peor aún, la pandemia de la COVID-19.
Fue en la segunda mitad de 2019 que Dayana empezó a dedicare al trabajo sexual, primero ofreciendo servicios vía Internet, luego lo hizo en un local de la avenida 6 de Agosto, hasta el día de hoy.
Con mucho esfuerzo, logró enviar dinero a su esposo para que el mismo se traslade a Bolivia con sus dos niños. Aunque hoy continúa ejerciendo el trabajo sexual en Cochabamba, dice sentirse agradecida por contar con el soporte emocional de su familia, con quienes aún espera poder llegar a Chile “porque el trabajo nocturno es bien pagado allá”.
“DE PASO” Bolivia se convirtió en los últimos años en un lugar de paso para cientos de trabajadoras sexuales que buscan ejercer este oficio en países como Chile o Perú, por ser “más rentable” en esos territorios.
Cada año, mujeres paraguayas, brasileñas, venezolanas y argentinas arriban a suelo boliviano buscando ahorrar dinero para poder solventar un par de meses de alojamiento y alimentación cuando puedan llegar a suelo chileno o boliviano. Sin embargo, los conflictos sociales y la pandemia de la COVID-19 prolongaron su estadía en Bolivia y empujaron a la crisis a muchas de ellas, varias que migran junto con sus familias.
Antes del periodo de pandemia, la mayoría de las trabajadoras sexuales provenían del Brasil y Paraguay. Hoy, muchas de ellas son venezolanas y argentinas.
EN CIFRAS Según Verónica Lino, representante de la organización de trabajadoras sexuales Warmi, el último sondeo de población de mujeres que se dedican a este rubro a nivel nacional refleja que el total de esta población asciende a 80 mil mujeres a nivel nacional.
Las trabajadoras sexuales en el departamento de Cochabamba suman 15 mil, según la consulta realizada por organizaciones de trabajadoras nocturnas del país.
Lino asegura que, según su experiencia y la cercanía lograda con las trabajadoras sexuales extranjeras en Cochabamba, solo 3 de cada 10 cuentan con su documentación regularizada para poder trabajar legalmente en el país. Sin embargo, logar este papeleo es casi un privilegio.
Estas cifran no toman en cuenta a las trabajadoras que no están afiliadas a ninguna organización u ofertan servicios en redes sociales e internet.
DOCUMENTACIÓN Dayana señala que el trámite que se realiza en migración para regularizar su situación siendo extranjera tiene un precio aproximado de 300 dólares, sin tomar en cuenta otros gastos hechos en el curso de la tramitación.
Sin embargo, el problema para el papeleo no solo es el dinero, sino algunos de los requisitos que resultan prácticamente imposibles de conseguir.
Una copia facilitada por Dayana, sobre los requisitos para el certificado de antecedentes de Interpol par ciudadanos extranjeros detalla algunos de los requerimientos, entre los cuales solicitan copias de pasaporte, visa y sello de ingreso a Bolivia, fotografías, copia de cédula de identidad de extranjería y de su país de origen, certificados de antecedentes penales de Rejap, FELCC y FELCN.
Los requisitos que, según asegura Dayana, son imposibles de conseguir son la copia de contrato de alquiler o anticrético con copias de la cédula de identidad del propietario del inmueble, documento que acredite el derecho a la propiedad del inmueble (folio real, impuesto o información rápida de Derechos Reales), croquis del domicilio y factura de servicios básicos.
Son los últimos documentos los que son negados a los extranjeros casi siempre, si es que alguno tuvo suerte alguna vez.
Al no poder acceder a varios de estos requisitos, cuando sí pueden costear un alquiler o anticrético, los extranjeros optan por permanecer en la clandestinidad. Y para las trabajadoras sexuales esto significa quedarse en una constante escapatoria de las autoridades.
TRAMITADORES Y ALTOS COSTOS DE VIDA En este punto aparecen los abogados y tramitadores que, de formas que esquivan la ley, logran conseguir los documentos de regularización y permisos de trabajo para los extranjeros. Pero el precio es “altísimo”, alcanzando un total de 1.200 dólares.
“1.200 dólares es demasiado. Solo los abogados son los que se llenan de plata con este tipo de documentos. Lo hacen en tiempo récord, incluso de un día para otro”, dice Dayana.
Lino lamenta que, por un largo periodo de tiempo después de arribar al país, las trabajadoras sexuales deban “vivir del día”, pagando un costo diario del alojamiento que ronda los 50 bolivianos, la alimentación que oscila entre los Bs 30 y otros gastos que las obligan a completar un numero de “piezas” (clientes atendidos) al día al menos para cubrir sus necesidades básicas.
Esta situación empeora cuando estas mujeres son jefas de familia y deben cubrir los gastos de sus esposos e hijos, sin mencionar a las que deben enviar dinero a sus países de origen para sus otros familiares.
Otra obligación económica con la que cargan son las multas que, según aseguran, autoridades policiales o de Migración les cobran cuando no cuentan con carnet sanitario. Entre 200 y 300 bolivianos que “no saben dónde van”, según la psicóloga Ninoska Flores, quien brinda atención psicológica a las trabajadoras.
CARNET DE SANIDAD Es un requisito de salud que certifica que las trabajadoras sexuales están libres de enfermedades, sobre todo transmisibles vía sexual. Es emitido por el Centro de Vigilancia, Información y Referencia (CDVIR) del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.
Este documento es gratuito y quienes lo requieran deben acudir portando su carnet de identidad, copias del mismo, fotografías y un folder amarillo.
Sin embargo, muchas trabajadoras extranjeras suelen caer en la desinformación y no se realizan los exámenes médicos porque creen que en el sitio también les solicitarán sus documentos de Migración.
LOCALES El trabajo sexual en los locales nocturnos resulta, de cierta forma, “ más seguro” para estas mujeres que no desean exponerse a la inseguridad de las calles o domicilios particulares.
La desventaja es que, cuando no tienen documentación, los propietarios les pagan mucho menos dinero bajo la amenaza de entregarlas a las autoridades.
La otra alternativa es salir a las calles u ofrecer servicios a través de internet y redes sociales, con mayor inseguridad.
ESCAPE NOCTURNO Cuando las trabajadoras sexuales son sorprendidas por los operativos policiales o de Migración en los centros nocturnos, las mismas se ven obligadas a huir de forma instantánea con lo que traen puesto, no importa si es ropa interior, bikinis o menos.
Es el testimonio de Dayana, que también le tocó vivir antes de poder tener su permiso de trabajo regularizado por la oficina de Migración.
“Nos esconden cuando no tenemos papeles. Antes de tener papeles a nosotras nos escondían, aquí y allá, donde podían. Nos salíamos con la ropa de trabajo, con bikini, tanga, a la calle, porque eso nos exigen los dueños de los locales”, relata Dayana, tiempo de lamentar las ocasiones en las que las autoridades vulneraron sus derechos fotografiándolas con poca ropa, gritándolas e incluso, uno que otro, insultándolas en medio de operativos de control.
Muchos centros nocturnos están ubicados en zonas consideradas de alta inseguridad en la ciudad.
POLICÍA El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, Julio Velasquez, informa que las trabajadoras sexuales que sientan que sus derechos son vulnerados o son víctimas de algún crimen deben acudir a estar instancias a denunciar, sin importar que no cuenten con los documentos migratorios regularizados, en el caso de las extranjeras.
“Nuestra obligación es atender a todas las personas”, recalca.
OPINIÓN trató de gestionar una entrevista con autoridades Migración de Cochabamba, sin respuesta de las autoridades.
Fuente: OPINION
