Más de 100 tramos de carreteras en Perú permanecían este sábado bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará.
Las regiones del sur andino, de los más marginados en Perú, están sumidos en una incesante convulsión social que deja al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos (…). Estamos más fuertes que nunca, con un gabinete ministerial comprometido a fajarse por el país”, afirmó el viernes Boluarte, cuando crecía la presión política que reclama su dimisión.
Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Boluarte asumió el 7 de diciembre luego que fuera destituido por el Congreso.
Este sábado los bloqueos afectaban 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca a las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Pero En Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad. Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.
“Rechacemos la violencia”
Boluarte se dirigió al país el viernes tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer.
La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis.
“Pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia”.
Diversos colectivos, sobre todo de los Andes sureños, exigen la renuncia de Boluarte, a quien consideran responsable de la violencia.
Asimismo, piden el cierre del Congreso controlado por la derecha y la realización inmediata de elecciones.
Los pedidos de libertad de Castillo -en detención preventiva mientras se le procesa por supuesta rebelión- y la formación de una Asamblea Constituyente también hacen parte de la agenda.
Andes sin tregua
Las protestas se reactivaron la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se han concentrado en el sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
Algunos grupos de manifestantes de estas regiones amenazan con viajar a Lima para una “toma de la ciudad” que obligue a Boluarte a renunciar y que genere un marco que obligue a elecciones lo antes posible.
“Tenemos la decisión de ir a Lima (desde el lunes), sí o sí. No podemos indicar la hora, porque lo que queremos es viajar en unidad”, dijo Julio Vilca, un dirigente de la provincia de Ilave, en la región Puno.
Amenaza de grupos radicales
Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Como prueba, han presentado la captura esta semana de una exintegrante de esa organización, Rocío Leandro, conocida dentro del grupo como “Camarada Cusi”.
Según un portavoz de la Policía, el general Óscar Arriola, Leandro financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho. Definió a la senderista como “una asesina marxista, leninista, maoísta”, financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho.
“Cusi” y siete personas capturadas junto a ella pretenden formar un nuevo grupo terrorista llamado Nueva Fracción Roja, dijo la policía.
Organizaciones de izquierda como el partido Perú Libre, por el que fueron elegidos en 2021 Castillo y Boluarte, rechazaron la versión de la policía al considerarla una estrategia para criminalizar la protesta.
Castillo fue destituido después de que pretendiera dar un golpe de Estado para gobernar por decreto.
Boluarte, primera en línea de sucesión, tomó el mando, pero en sus primeras declaraciones dijo que pretendía quedarse hasta 2026, cuando terminaba el período de Castillo, desconociendo el reclamo de elecciones inmediatas que comparte gran parte del país.
Boluarte, una abogada quechuahablante de 60 años que al igual que Castillo tiene un modesto origen andino, luego rectificó y anunció elecciones para abril de 2024, pero la convulsión y muertes en las protestas agravaron la crisis peruana.
Fuente: RFI
