Abancay (Perú) (AFP) – “No vamos a detenernos. Si las élites y los congresistas no retroceden, tiene que haber insurgencia”, dice con determinación Juan Ochicua, un campesino peruano de 53 años con rasgos indígenas.
“La Constitución nos autoriza la desobediencia civil, la insurrección contra un gobierno ilegítimo”, añade, mientras sus compañeros corean: “¿Qué quiere el pueblo? ¡El cierre del Congreso!”.
“No se respeta a los indios en Perú. Somos maltratados económicamente. Marginados políticamente”, agrega Juan.
Es el Perú profundo y pobre. Algunos pantalones están rotos. Las chaquetas, con las mangas gastadas, no cierran a falta de cremalleras. Algunos zapatos tienen agujeros. Mastican hojas de coca que transportan en bolsas de plástico. Les da energía, resistencia.
A 2.700 metros sobre el nivel del mar, el paisaje andino con sus montañas áridas parece magnífico pero es un lugar difícil para estos campesinos que viven del cultivo de la papa.
“A duras penas sobrevivimos. En Apurímac tenemos a la empresa minera más grande del país (la china MMG, dedicada al cobre) en Las Bambas. Ese dinero tenía que invertirse en infraestructura de riego para la agricultura. Pero esas grandes empresas se llevan nuestras riquezas, en convenio con el Congreso, con los que mandan”, protesta Freddy Quispe, un campesino de 45 años.
Seis de las 21 muertes en el país durante las manifestaciones fueron en Apurímac, un pequeño departamento de 500.000 habitantes.
Estas comenzaron el 7 de diciembre después del fallido intento del expresidente izquierdista Pedro Castillo de disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
De origen indígena, el depuesto presidente, quien fue detenido cuando quería refugiarse en la embajada de México, es muy popular en las regiones andinas donde su elección representó una especie de revancha del Perú rural sobre la capital Lima y sus élites.
Creen que a Castillo lo engañaron para perjudicarlo. “Le han hecho pisar el palito, lo han engañado para que diera el autogolpe”, considera Máximo Chirinos, un profesor de Abancay, un pueblo de 100.000 habitantes en la ladera de la montaña y capital administrativa de Apurímac, que también es la región natal de la nueva presidenta Dina Boluarte.
Fue vicepresidenta de Castillo y lo sucedió en el poder. Ahora es odiada por su pueblo, que le reprocha no haber renunciado tras la detención del presidente y la responsabiliza de la represión.
Algunas personas le dan crédito por haber respetado la Constitución y asumido el cargo, creyendo que se le debe dar algo de tiempo. Pero la gran mayoría, incluso los que hacen campaña por el fin de las manifestaciones, piden su renuncia.
Tratando de que los campesinos depongan sus hondas y piedras, Boluarte prometió adelantar las elecciones de 2026 a 2024, luego a 2023, al tiempo que declaró un estado de emergencia que prohíbe reuniones y manifestaciones, y permite la intervención del ejército.
Pero este lunes, quienes se oponen a Boluarte convocaron una manifestación. Policías antidisturbios, con cascos y escudos, bloquearon la vía frente a la iglesia de Guadalupe y enviaron emisarios para hablar con los responsables y evitar una confrontación.
– “Dina asesina”-
“La libertad de manifestación es un derecho, pero estamos en estado de emergencia y las manifestaciones están prohibidas, pero les dejaremos ejercer su derecho”, les dice la fiscal Vicky Caichihua.
Luego advierte: “¡Atención, pacíficamente! La policía los va a resguardar, pero si hay un acto vandálico, la policía los va a intervenir”, agrega.
“No queremos encapuchados (personas con pasamontañas), ni hondas, ni piedras”, precisa un policía.
Los manifestantes están de acuerdo y juran que la violencia de los últimos días son obra de infiltrados simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori o de fuerzas especiales de la policía. Una teoría muy extendida entre quienes protestan.
Unas 600 personas marchan detrás de una banderola con la inscripción “Dina, asesina”, mientras exclaman “Dina asesina, vergüenza de Apurímac”, “Dina escucha, el pueblo te repudia”.
Entre los manifestantes está Rosario Medrano Aguirre, comerciante de 72 años, sombrero de paja en la cabeza y chaqueta negra adornada con un bordado rojo de Túpac Amaru II, mítico cacique indígena que luchó contra los españoles en el siglo XVIII.
“¡Túpac Amaru es tiempo de lucha, no vamos a dejar que nos pisoteen, que nos maltraten”, sostiene.
“Nos manifestamos porque los que están en el Estado, la usurpadora Dina Boluarte, los congresistas, están pisoteando nuestros derechos, quieren nuestras riquezas. Boluarte ha traicionado a Apurímac, está haciendo quedar mal a las mujeres, no tiene corazón, no piensa en los muertos. ¡Tantos muertos!”, dice.
“Estos derechistas tragan bien, se visten bien, con nuestra plata. No les importan la gente indígena, que no tiene medicamentos, no tiene buena educación”, asegura Rosario.
“¡Que (Boluarte) disuelva el Congreso, que dimita! ¡Si no, nos vamos todos a Lima a cerrar el Congreso!”, promete.
Fuente: RFI
