Los alias y las fotografías de muchos de ellos ya son conocidos en Tarija debido a que constantemente la Policía reporta su captura. Sin embargo, en poco tiempo la justicia les permite recuperar su libertad.
“Es como jugar al gato y al ratón”, es como desde la Policía Departamental se refieren a la situación con conocidos antisociales que operan como motochorros o descuidistas en la ciudad, quienes periódicamente son aprehendidos y trasladados a celdas de la fuerza anticrimen, pero poco después recuperan su libertad y vuelven a atacar.
Muchos de ellos ya con varios años incluso han implementado en su modus operandi mecanismos para dificultar a las víctimas o las autoridades identificarlos. Atacar a sus víctimas lejos del área de cobertura de cámaras de seguridad o el cambio constante de las máscaras y el color del chapeado de sus motocicletas son algunos de estos mecanismos.
Prontuarios que suman múltiples antecedentes por robo, hurto, lesiones, robo agravado y otros similares son el común denominador cuando son capturados a raíz de una denuncia y los funcionarios revisan los antecedentes de estos sujetos.
Un ejemplo es “El Terror”, alias que le corresponde a J.G.Z. de 68 años que fue aprehendido para ser investigado por una ola de robos en Tarija y Yacuiba en junio, llegando a sustraer en efectivo y objetos valiosos en tiendas por casi 20 mil dólares. Al respecto el director de la FELCC, coronel Raúl Castro Ortiz, dijo que “tiene un rosario de antecedentes, se jacta de decir que ha robado desde los 20 años. Creo que no lo hemos ni pellizcado, ha sido cautelado y le han dado medidas sustitutivas”.
El caso de “El Zapallo” es uno de los más recientes, que fue aprehendido dos veces en menos de dos meses con denuncias formales por robos entre 9 mil y 13 mil bolivianos, además de otros hechos presuntamente no denunciados.
A él se suman otros nombres como “El Chuky”, “El Negro Ramiro”, “Cuchi Apestoso”, “El Bamba” y “Negro Luis” son algunos de los que con mayor frecuencia son protagonistas de los titulares en la prensa local, a veces con intervalos de menos de dos meses entre una captura y otra, lo que refleja su pronta liberación. Estos sujetos cuentan con antecedentes que suman en algunos de ellos más de 20 causas abiertas.
“Son los mismos motochorros los que caen y los mismos que otra vez salen, estamos jugando al gato y al ratón. Esta gente que vive del delito es la que causa una sensación de inseguridad y tenemos que ver que se los pueda mantener un buen tiempo en el penal”, dijo Castro Ortiz.
Propuesta
Mientras la Policía o la opinión de la ciudadanía piden cárcel y sanciones más estrictas, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia y de Tarija, Óscar Vargas, hizo un análisis sobre este tema indicando que se trata de un problema al que se le debe buscar una salida estructural mediante la coordinación interinstitucional de todos los niveles del Estado y actores involucrados.
“Estamos en un sistema de justicia retributiva, una persona comete un delito y recibe una sanción, ahora la tendencia es un derecho penal donde se eduque a la persona que comete un delito, sin que pase por la prisión. Se trata no solo de garantizar la devolución a la víctima, sino de generar mecanismos para que estén controlados”, aseveró a tiempo de indicar que se tiene que aplicarse una política efectiva de reinserción, debido a que actualmente las cárceles del país no cumplen con esa condición.
Entre las propuestas viables, mencionó la creación de una nueva modalidad que incluiría “jueces de paz” que serían ciudadanos que gocen de cierto reconocimiento y sean ellos quienes impongan los términos de un acuerdo en favor de los afectados.
Aclaró que esto solo aplicaría en casos en los que no peligre la vida de las víctimas.
Reincidencia
Particularmente en los casos de antisociales que se benefician constantemente de medidas sustitutivas a la detención preventiva, a pesar de tener múltiples denuncias, Vargas indicó que la normativa vigente ya establece situaciones agravantes para que el Ministerio Público pida la reclusión en un centro penitenciario mientras avanza la causa.
“Depende de la calificación que da el fiscal para presentar la imputación, hay situaciones como en el caso de los motochorros usar un vehículo ya es un peligro para la víctima (…) Si se trata de reiterados caos se pueden aplicar estas agravantes para pedir la detención”, manifestó.
Al concluir, Vargas mencionó que incluso si no hay personas que formalicen la denuncia, la Policía y el Ministerio Público tienen la obligación de seguir el proceso de oficio.
Motochorros, descuidistas y otros similares, según el reporte policial, operan con mayor frecuencia en zonas comerciales como el Mercado Campesino, La Loma, avenida Circunvalación o ferias de fin de semana, donde existe un gran flujo de personas que al distraerse son más vulnerables al robo de su dinero o celulares.
En uno de los últimos operativos se comprobó que en algunos casos estos antisociales trabajan en complicidad con otros sujetos como técnicos de celulares para su “flasheo” y desbloqueo, y otros quienes se dedican a la venta de estos artefactos.
Fuente: EL PAIS
