Unos denuncian haber sido engañados con trabajos no cumplidos, otros dicen que les prometieron “ítems”. Todos refieren buscar “justicia” en las redes, pero pueden incurrir en calumnias. El abogado Víctor Salinas entiende que, en Bolivia, los delitos informáticos no están perfeccionados en el Código Penal.
“Mi madre le prestó, de buena fe, a la señora, la suma de 5.000 dólares para que viaje a Europa a trabajar y salir adelante. Hace más de cuatro meses que no dio más noticias. Intenté comunicarme con su familia y lo único que hace es ocultarla. Recurro aquí (un grupo), a este medio, ya que a mi madre le detectaron cáncer y realmente necesitamos el dinero”, denunció Rony S.
Ese es apenas uno de los muchos testimonios que pululan en nuevos grupos (la mayoría, abierto al público) de Facebook, donde presuntas víctimas de estafas, endeudamientos e incluso blancos de supuestas “amenazas de muerte” vuelcan sus versiones en un medio digital que no está regulado en términos legales.
Lo cierto es que estos grupos van en ascenso y cada vez son más las personas que suman sus denuncias, a tiempo de “escrachar” -con fotos, nombres completos y números de teléfonos incluidos- a quienes identifican como sus victimarios, como aquellos que no habrían honrado determinados tratos.
Las versiones son de todo tipo y se aglutinan dentro de grupos y fan pages tales como Estafadores Bolivia (con 8.500 miembros), Deudores y estafadores de Bolivia (2.600 seguidores), Estafadores de Bolivia oficial (6.000 integrantes) y Se busca estafadores La Paz (368 miembros), entre otros.
MAYORÍA, PRESUNTAS ESTAFAS
La mayor parte de los testimonios coinciden en apuntar a personas que habrían dirigido presuntas estafas.
“Estafaron el monto de 200.000 dólares a más de 50 víctimas en la ciudad de La Paz. Tenemos ya en curso una demanda por estafa agravada con víctimas múltiples”, publicaron no desde una cuenta personal, sino de una página llamada Justicia On Line, el 21 del mes en curso, haciendo alusión a hipotéticos “líderes de una estafa piramidal”.
La comercialización de lotes es otro de los elementos que se repite. El 12 de este mes, otro usuario descargó lo siguiente: “Estafó a muchas personas de bajos recursos económicos con la venta de lotes. Somos muchos los que tenemos procesos contra ella (una mujer), pero creo que escapó porque no se presentó a las audiencias”.
La presumible oferta de trabajos ficticios también es señalada por los “denunciantes virtuales”.
“Ofrece empleo en correos a gente necesitada, se aprovecha de la necesidad sacando montos de dinero. Pide préstamos con documento y todo, pero np tiene nada que garantice”.
RECOMPENSAS
Las gratificaciones son usuales. Estos usuarios imploran obtener ayuda para dar con el paradero de estas personas y a cambio prometen recompensas monetarias. En este entendido, proponen 500 bolivianos o más.
“Se da excelente gratificación”, “se da buena gratificación para cualquier información que nos lleve a encontrarla”, “se pone una recompensa de 500 bolivianos a la persona que pueda brindar la ubicación de estas dos personas. Ambas son buscadas por amenazar de muerte a la familia de una persona”, son algunos de los mensajes con contenido claramente fuerte.
Incluso, otros denunciantes digitales apuntan a personas que habrían comprometido ítems en entidades municipales del oriente.
“No contesta su celular y se cambió de lugar de trabajo (…)”, “prometió ítem en la… quiero la devolución de mi dinero”.
DELITOS INFORMÁTICOS Y “DIFAMACIÓN”
Desde el plano legal, el abogado Víctor Salinas entiende que los delitos informáticos no se encuentran regulados o “perfeccionados” en Bolivia. No obstante, si las investigaciones cibernéticas llegaran a comprobar que un determinado perfil mediante el que se plantea la denuncia es falso, y en consecuencia también la acusación es irreal, entonces se incurriría en calumnias, en el marco de los delitos contra el honor.
Pero esa figura es compleja. “Es difícil que podamos ubicar cuando, por ejemplo, la publicación se hace desde un perfil falso, que es muy sencillo de crear. Ahí ingresaría otro tipo de averiguaciones dentro del proceso. Serían códigos IP, ubicaciones geográficas, georreferenciales, varias cosas. Este tipo de delitos, por mas de que se pueda llevar adelante un proceso de difamación, no va a proceder porque el culpable puede negarse, a no ser de que tenga un perfil bien cimentado”, describe el jurista, en nota con OPINIÓN.
DEUDAS Y PENAS
Salinas considera que acudir a las redes sociales para volcar denuncias y escraches es el “último recurso” desesperado de quienes se creen dañados.
“Es el último recurso al que pueden acceder algunos desesperados, porque, obviamente, la Justicia en Bolivia en cuanto a las deudas es muy difícil de ejecutar. Cuando un deudor se presta y no tiene nada, no hay ni cárcel al respecto (…). Existe un tamiz que siempre va a derivar a los procesos civiles, cualquier tema patrimonial que tenga que ver con contratos. Es muy difícil llevar del ámbito civil a materia penal un tema de deudas”.
DAÑO MORAL
En caso de que la acusación sea falsa, las penas por difamación en nuestro país “son mínimas”, recuerda Salinas. “De un mes a un año, como máximo. Obviamente, no amerita ingreso a prisión. Además, el procedimiento penal establece que cuando se notifica a la parte acusada sobre estos delitos, puede disculparse, resarcir el daño moral causado en cuanto a una multa o algún tipo de arreglo económico, y sobre todo, arreglar lo que ha hecho, divulgando de manera positiva una disculpa. Ahí queda”.
Fuente: OPINION
