La División de Trata y Tráfico recibe a diario casos de personas desaparecidas que, en ocasiones, acaban en tragedia.
Alejandro y Melissa han tenido que esperar más de tres años para que el juicio por el feminicidio de su madre Nancy Villarroel Hidalgo, en el que es juzgado su padre Alejandro Mark Torrico G., llegue a su etapa final. Fue en julio de 2019 cuando su madre desapareció de su casa en Santa Cruz. Desde entonces, su cuerpo no ha sido hallado, mientras el acusado mantiene su versión y se declara inocente, pese a que existen al menos 10 pericias que prueban que la mujer fue víctima de feminicidio y que él sería autor del crimen, según la familia doliente.
El acusado no ha revelado el paradero de la mujer que desapareció a sus 55 años. Los asesinos que guardan silencio y perpetúan la desaparición de sus víctimas, como el de Nancy Villarroel, matan dos veces: a la propia víctima y a sus seres queridos. Sin cuerpo y sin tumba, la agonía de los hijos y de los familiares se vuelve eterna.
La tranquilidad de la familia Villarroel Hidalgo se vio quebrantada desde el 9 de julio de 2019, cuando Nancy desapareció. Su hermana Roxana, al igual que todos sus seres queridos, no supera la pérdida y tiene presente el tiempo que ha transcurrido desde aquella jornada trágica. Sin titubear, afirmó que pasaron tres años, tres meses y tres días, hasta el jueves 12 de octubre cuando conversó con OPINIÓN, desde el fallecimiento de su hermana.
“No se sabe dónde llevó el cuerpo de mi hermana, pero hay 10 pericias, entre ellas de sangre que se encontró en la habitación y el coche, las fechas de los mensajes telefónicos y localizaciones. Tenemos la convicción de que todo está probado y no habría otra opción más que la condena por feminicidio a 30 años de cárcel”, señaló Roxana Villarroel.
Para Roxana, la única forma de que encuentren a Nancy es que el acusado hable. “La hemos pasado mal. Me preocupan más mis sobrinos porque ha sido duro para ellos sobrellevar todo lo ocurrido, no están bien. El hecho de no saber el paradero de mi hermana es doloroso y lo sabríamos en caso de que él (Alejandro Torrico G.) decida hablar, pero no lo hace”.
1.195 DÍAS DE ANGUSTIA
El paradero de Nancy es un misterio desde hace tres años, tres meses y siete días. Su cuerpo continúa desaparecido.
La auditora que nació en Cochabamba llevaba radicando unos 25 años en Santa Cruz. Su hija la vio por última vez la mañana del martes 9 de julio, día de paro cívico en Santa Cruz. Ese día la mujer debía participar de la marcha convocada por la plataforma del 21 F, sin embargo, ella no salió de su hogar, desde el 8 de julio, según constataron en las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas afuera de la casa situada en el barrio Las Palmas.
Los esposos Torrico y Villarroel tenían más de 20 años de matrimonio, pero cuatro años antes de la desaparición ya habían terminado su vínculo sentimental como pareja, de manera verbal. Seguían viviendo en el mismo inmueble.
LAS PISTAS
Ese día trágico, los hijos vieron una nota y recibieron mensajes por WhatsApp, desde el celular de su madre, donde decía que saldría de viaje con sus amigas, pero ellas la buscaron unos días después expresando su preocupación debido a que no sabían nada de Nancy. La mujer no se había llevado su pasaporte ni documentos personales y, esa situación, despertó sospechas sobre Alejandro Torrico G. También dudaban de que los textos hayan sido escritos por su mamá porque varias palabras estaban abreviadas y ella no solía escribir de esa manera.
El 16 de julio de ese año, Alejandro Torrico (hijo), acompañado de su padre y su tía Roxana, reportó la desaparición de su mamá en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Dos días después, el joven denunció a su papá como presunto sospechoso de la desaparición de su progenitora.
La mañana del 19 de julio, Alejandro Torrico G. fue aprehendido, se acogió a su derecho al silencio presuntamente por recomendación de sus abogados y luego fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, donde estuvo por unos 13 meses, por presunto delito de privación de libertad. Su vehículo particular fue secuestrado con fines investigativos. Se realizaron pruebas de luminol en el motorizado, al igual que en la vivienda de la familia, y detectaron manchas de sangre.
Los resultados se conocieron en noviembre de 2019. La Policía confirmó que los rastros de sangre hallados en el auto del imputado y en el vestidor de la habitación principal de su hogar pertenecen a Nancy Villarroel y, con esos elementos, la declararon muerta.
En ese entonces, el investigador del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) dijo que el esposo de la víctima estaba cometiendo un “acto de profunda maldad al no revelar el lugar donde dejó los restos del cadáver de la señora Nancy Villarroel” siendo que las evidencias ya lo apuntaban como autor.
Durante la etapa investigativa se colectaron varios elementos y testimonios y la familia comenzó a armar el “rompecabezas”. El acusado declaró que su esposa salió de la casa cerca al mediodía del 9 de julio, pero las grabaciones de las cámaras de vigilancia no captan su salida. Ella entró a su vivienda la noche del 8 de julio y no salió más. Sus hijos salieron a manejar bicicleta aprovechando el día de paro cívico, mientras sus papás estaban en casa, pero cuando retornaron ya no vieron a su madre y creyeron que realmente había decidido salir del país.
Al día siguiente, Alejandro Torrico G. mandó a su hijo al supermercado con su tarjeta de débito, pero nunca antes se la había confiado. Luego, el ahora sindicado ingresó con su auto al garaje de su casa de retro, pero eso no era habitual según los familiares de la víctima, y se retiró unos 16 minutos después. El vehículo es el mismo en el que hallaron las manchas de sangre y creen que aprovechó ese momento para sacar el cadáver de la víctima.
La familia denunció la desaparición de una alfombra, una mantilla y un plástico que estaba bajo un escritorio en la casa de la familia Torrico Villarroel y creen que el asesino usó todo eso para sacar el cuerpo de Nancy.
Asimismo, la Policía dijo que la georreferenciación sitúa a la víctima y al presunto autor en los mismos lugares, después de la desaparición, y se desplazó personal por zonas del sur y norte buscando a Nancy. Se hicieron rastrillajes en la laguna Palmira, cerca de una propiedad del acusado, porque presumían que había sido abandonada en ese lugar debido a que ahí marca su última conexión, pero no la encontraron. También realizaron más de 10 allanamientos en negocios e inmuebles.
Por el caso, otras tres personas cercanas a Alejandro Torrico G. fueron investigadas, una falleció por COVID-19. Uno de ellos habría contratado un técnico para borrar las imágenes de las cámaras de seguridad y este especialista, que hizo el trabajo, también fue detenido. Un tercero fue aprehendido por presuntamente ayudar al acusado. Según Roxana Villarroel, estas personas recibieron penas mínimas.
Para la familia del acusado, los elementos presentados no prueban que Alejandro Torrico G. sea autor del feminicidio de su esposa. Sus hijos, dos jóvenes, lo consideran culpable.
CLAMAN JUSTICIA
Alejandro Torrico G., quien goza de detención domiciliaria con derecho al trabajo, es el único que mañana será puesto ante un Tribunal de Sentencia de Santa Cruz. La lectura de sentencia en su contra por el feminicidio de su esposa Nancy Villarroel debía realizarse el jueves 13 de octubre, pero la ausencia de una de las autoridades judiciales reprogramó la audiencia final del juicio.
La familia de la víctima teme que el acusado sea absuelto de culpa debido a que el cuerpo de Nancy no ha sido encontrado. Sin embargo, hay antecedentes de un caso similar registrado en Oruro, donde un hombre desapareció en 2020 el cadáver de su esposa, pero las pruebas colectadas demostraron su culpabilidad y recibió hace poco una sentencia de 30 años de privación de libertad por el delito de feminicidio.
CONDENA SIN APARICIÓN DEL CUERPO
En agosto de este año, el Ministerio Público demostró con pruebas suficientes que Zenón A.H., de 35 años, es autor del delito de feminicidio cometido en contra de su esposa Adriana T.P., de 30 años. El cuerpo de la mujer no fue encontrado, pero el Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Oruro valoró los elementos presentados y determinó una condena de 30 años de privación de libertad en el penal de San Pedro, informó el fiscal departamental, Orlando Zapata.
“El Ministerio Público presentó elementos probatorios, entre ellos grabaciones de cámaras de seguridad del local donde se ve a la pareja salir después de haber consumido bebidas alcohólicas, el informe de quimioluminiscencia que demuestra la existencia de rastros de sangre en el auto en el que se trasladaron, el informe psicológico de las hijas de la mujer que relataron que era víctima de violencia y que su padre amenazó con matarla, entre otros que fueron valorados por el Tribunal”, dijo Zapata.
Abel Roma, fiscal asignado al caso, recordó que la pareja salió de su hogar, en la zona Pumas Andinos, el 11 de enero de 2020. Se subieron a su auto y se dirigieron a un local donde compartieron bebidas hasta las 03:00 de la madrugada. A las 05:00, el hombre le habría quitado la vida a su esposa. Una vecina escuchó los gritos de la mujer.
Finalmente, el autor trasladó el cuerpo en su auto y, desde entonces, no ha sido hallado. Para los asesinos el mayor problema es ocultar su crimen: hacer desaparecer el cuerpo. Según los casos que se han conocido a lo largo de los años, los medios que emplean son la incineración, descuartizamiento, enterramiento, hundimiento en agua o los han sepultado bajo cemento. Sus crímenes se descubrieron días, semanas o años después.
Fuente: OPINION
