El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) tiene previsto, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, realizar un congreso extraordinario en Trinidad para debatir varios temas pendientes
Las 11 universidades públicas de Bolivia arrastran un déficit económico de, aproximadamente, 1.200 millones de bolivianos esta gestión, a consecuencia de la reducción de la coparticipación tributaria, las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otras fuentes de ingresos. Esta situación pone en riesgo el pago de salarios de docentes y trabajadores administrativos, así como las becas estudiantiles y la cobertura de beneficios sociales.
Esta situación económica, por la que atraviesan las universidades públicas en el país, la dio a conocer el rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Eduardo Cortez, quien, además, puntualizó que la universidad tarijeña requiere de al menos 62 millones de bolivianos este año para cerrar el calendario académico.
El rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Augusto Medinaceli Ortiz, indicó que la casa de estudios superiores de ese departamento tiene un déficit que bordea los 75 millones de bolivianos, crisis económica que pone en riesgo los salarios de octubre, noviembre y diciembre, en caso de no recibir un apoyo del Gobierno Nacional.
Ante está situación, las autoridades universitarias de todo el país solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una reunión de emergencia para solucionar el déficit económico que tienen en estos momentos, y así evitar la paralización de las actividades académicas, previstas concluir a mediados de diciembre.
Entre tanto, el ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) de las universidades públicas de Bolivia, Carlos Salinas, señaló que las autoridades universitarias deberán trabajar en un plan para solucionar la crisis económica, resolver a corto plazo la actualización del escalafón docente, reducir el supernumerario de funcionarios y realizar una mejor distribución del presupuesto en los programas académicos.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a partir del próximo 19 de octubre, tiene previsto iniciar un cronograma de reuniones con cada uno de los rectores, para analizar la situación económica de cada institución académica, posteriormente se reunirá con todas las autoridades universitarias en el mes de noviembre para ajustar los presupuestos y solucionar el déficit económico, adelantó Cortez.
Cabe recordar que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) está compuesto por la Universidad Mayor San Francisco Xavier, de Chuquisaca; la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz; la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba; Universidad Tomás Frías, de Potosí; Universidad Juan Misael Saracho, de Tarija; Universidad Técnica de Oruro; Universidad Autónoma de Beni; Universidad Amazónica de Pando; Universidad Nacional Siglo XX, en Potosí y la Universidad Pública de El Alto.
El CEUB convocó a congreso en noviembre
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) tiene previsto, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, realizar un congreso extraordinario en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, con el objetivo de analizar y modificar el estatuto orgánico del sistema universitario, regular los cargos dirigenciales y evaluar la crisis económica de las universidades públicas.
El representante del CEUB, Freddy Mendoza, indicó que este congreso será importante para el sector universitario del país, porque permitirá realizar varios ajustes al estatuto orgánico, con la finalidad de mejorar la gestión dentro de las universidades, regular los cargos de dirigentes dentro de los comités ejecutivos y federaciones, considerando que en los últimos años se prorrogaron por varias gestiones.
Asimismo, explicó que varias universidades dieron algunas propuestas, como la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz (UAGRM), que plantea que la permanencia de un estudiante en las universidades estatales solo sea de ocho años. Pero la autoridad sostiene que este tema será objeto de análisis, porque hay personas que trabajan y estudian.
Fuente: EL PAIS
